El expresidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia contra el estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según el exmandatario, la creación de un registro nacional basado en listados internacionales podría utilizarse para señalar como terroristas a integrantes del Pacto Histórico y a otras personas sancionadas por Estados Unidos.
Petro reaccionó mediante su cuenta de X y afirmó que la iniciativa buscaría trasladar automáticamente al registro colombiano a quienes aparezcan en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC. Como él asegura estar incluido en uno de esos registros, sostuvo que la medida podría terminar afectando a toda su colectividad política.
“Eso significa que Abelardo se mueve no solo a llamarme terrorista, que nunca he sido, pero pasaría con su estatuto a nombrar terrorista a todo el Pacto Histórico”, escribió Petro. También cuestionó que una eventual equivalencia con la lista OFAC pueda involucrar a magistrados de la Corte Penal Internacional y a otras figuras sancionadas por decisiones del Gobierno estadounidense.
El proyecto impulsado por la administración De la Espriella contiene más de 130 artículos y contempla la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas. Además, plantea controles financieros, medidas penitenciarias especiales y nuevas herramientas para investigar, perseguir y desarticular estructuras armadas o criminales clasificadas bajo esa categoría.
El Gobierno sostiene que el estatuto permitirá combatir las fuentes de financiación y las redes de apoyo de organizaciones responsables de acciones terroristas. El borrador también contempla facultades extraordinarias y mecanismos como la aprehensión preventiva abreviada, puntos que han despertado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre el debido proceso, la privacidad y las garantías judiciales.
Sin embargo, la afirmación de Petro sobre una incorporación automática de todas las personas incluidas en la lista OFAC corresponde a su interpretación política del borrador. La información pública disponible señala que el registro colombiano tomaría como referencia modelos internacionales, pero no permite concluir todavía que cualquier sancionado por Estados Unidos vaya a ser reconocido automáticamente como terrorista en Colombia.
La iniciativa fue presentada ante el Consejo de Política Criminal y todavía debe superar revisiones técnicas y el trámite correspondiente en el Congreso antes de convertirse en ley. Por ahora, la controversia anticipa una fuerte disputa entre el Gobierno y la oposición sobre quién tendría la facultad de definir qué personas u organizaciones son terroristas y qué controles judiciales impedirían que esa categoría fuera utilizada para perseguir adversarios políticos.
