El Congreso examina propuestas para modificar la financiación de campañas electorales, en medio del debate sobre los anticipos estatales y las condiciones para devolverlos. La discusión cobró fuerza por los recursos autorizados a candidatos presidenciales que no alcanzaron el mínimo de votos para acceder a la reposición de gastos.
El reporte señala que cinco campañas recibieron autorización de anticipos por $21.567 millones: Sondra Macollins, Santiago Botero y Mauricio Lizcano, por $4.500 millones cada una; Claudia López, por $4.000 millones, y Sergio Fajardo, por $4.067 millones. Entre estos aspirantes, únicamente Fajardo habría superado el umbral del 4 % requerido para la reposición.
La controversia gira alrededor del artículo 22 de la Ley 1475 de 2011. Esta disposición permite que las campañas presidenciales conserven los anticipos aunque no obtengan derecho a financiación estatal por su resultado electoral, siempre que los recursos hayan sido gastados conforme a la ley. La excepción no elimina la obligación de acreditar su uso legal.
Según la información publicada, el representante Julio César Triana ha pedido revisar la norma para proteger los recursos públicos. Por su parte, el senador Hernán Cadavid impulsa una iniciativa para eliminar la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas, mecanismos utilizados por las organizaciones políticas para escoger candidatos.
Aunque ambas discusiones se relacionan con la financiación electoral, tienen alcances diferentes: una cuestiona las condiciones para devolver anticipos presidenciales y la otra propone cambiar la financiación de las consultas. Las propuestas reportadas no constituyen todavía una modificación de las reglas vigentes.
