El presidente Abelardo de la Espriella ordenó investigar las denuncias sobre un presunto transporte de drogas y dinero en aeronaves estatales durante el gobierno de Gustavo Petro. La decisión, anunciada el sábado 10 de octubre, responde a declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, divulgadas en una entrevista con la revista Semana.
Según informó EFE, Ferrer aseguró que la exprimera dama habría viajado a Venezuela en enero de 2023 y regresado con 2,5 millones de dólares. Sobre el supuesto transporte de drogas, la exasesora atribuyó parte de la información al empresario Manel Grau. Estos señalamientos deben ser verificados y no constituyen hechos judicialmente demostrados.
La revisión estará a cargo de la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la institución militar. Incluirá al personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, para establecer si existieron irregularidades y determinar posibles responsabilidades.
De la Espriella también pidió a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y las autoridades estadounidenses examinar la información dentro de sus competencias. Esa solicitud no confirma que Estados Unidos haya abierto una investigación formal sobre el caso.
El mandatario advirtió que, si se comprueba la participación de integrantes de la Fuerza Aérea, serán llamados a calificar servicios y deberán responder ante las autoridades. El anuncio condiciona estas medidas a la comprobación de responsabilidades; no informa sobre sanciones ya impuestas.
Por ahora, el comunicado presidencial no reporta una imputación penal contra Alcocer ni resultados que demuestren el uso de aviones oficiales para actividades ilícitas. Las autoridades deberán contrastar los testimonios con registros de vuelos, documentos y otras pruebas para confirmar o descartar las acusaciones.
