Las Iglesias de Colombia y Ecuador advirtieron que una reducción de los hechos violentos registrados en la frontera no significa necesariamente que las comunidades estén más seguras. Al concluir el Segundo Encuentro Binacional de Pastoral Fronteriza, pidieron respuestas coordinadas para proteger a la población frente al miedo, el confinamiento y las distintas formas de control territorial.
El encuentro se desarrolló del 5 al 8 de octubre en Tumaco, Nariño, con representantes de ocho jurisdicciones eclesiásticas, Cáritas Ecuador y el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana. La reunión buscó fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las comunidades y avanzar en una agenda compartida ante problemas que atraviesan ambos países.
En su comunicado final, los participantes señalaron que los corredores Pacífico, Andino y Amazónico enfrentan disputas asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de armas, la extorsión y la trata de personas. Estas dinámicas, según el documento, se entrecruzan con mecanismos de dominio sobre los territorios y sus habitantes.
La advertencia central apunta a las violencias que pueden permanecer ocultas: el temor y las restricciones impuestas a las comunidades pueden encubrir una crisis que continúa afectando su vida cotidiana. Las Iglesias expresaron especial preocupación por los pueblos indígenas y afrodescendientes, las familias campesinas, las personas migrantes y refugiadas, las mujeres y los menores de edad.
El pronunciamiento también vinculó la protección de las personas con la defensa del ambiente. Alertó sobre los riesgos que la deforestación, los cultivos ilícitos y la contaminación de las fuentes de agua representan para la salud, la alimentación y la posibilidad de permanecer en los territorios.
Ante este panorama, las Iglesias plantearon que la seguridad fronteriza debe ir más allá de vigilar los pasos entre los dos países o adoptar respuestas exclusivamente militares. Reconocieron la obligación estatal de enfrentar las redes criminales, pero subrayaron que la paz también exige justicia, oportunidades de vida, atención humanitaria e instituciones cercanas a la población.
Como compromisos, acordaron fortalecer el análisis de la realidad fronteriza, conservar la memoria de sus pueblos y ampliar la acción pastoral y comunitaria. También promoverán la coordinación con autoridades, organizaciones sociales y cooperación internacional, al considerar que los desafíos de la región superan la capacidad de respuesta de un solo país.
La reunión dio continuidad al proceso retomado en abril en Tulcán. Entre sus antecedentes está el primer encuentro binacional celebrado en Ipiales en julio de 2017, centrado especialmente en movilidad humana y seguimiento al proceso de paz. La agenda de Tumaco buscó definir prioridades y mecanismos para sostener el trabajo conjunto durante los próximos dos o tres años.
