El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia presentó una recusación contra Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para el sector salud, debido a cuestionamientos sobre su imparcialidad en el manejo de temas relacionados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La medida surge tras las críticas emitidas por la funcionaria sobre el leve aumento de la UPC promovido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según el Ministerio, Ojeda habría basado sus comentarios en juicios sin sustento probatorio, lo que comprometería la objetividad requerida en sus actuaciones. El secretario general del Ministerio, Rodolfo Enrique Salas, solicitó formalmente su separación de todo proceso y requerimiento relacionado con la UPC y el financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, designando en su lugar a un procurador ad hoc especializado en trabajo y seguridad social.
En el documento de recusación, el Ministerio argumenta que las declaraciones de Ojeda se fundamentaron en “manifestaciones subjetivas y personales” que, según la cartera, vulneran principios fundamentales como la imparcialidad y la presunción de inocencia. Además, destacaron que sus acciones generan “desconfianza colectiva hacia las instituciones públicas”, afectando la legitimidad del Estado.
“Se desligó de sus obligaciones constitucionales y legales al expresar posturas adversas que quebrantan el principio de imparcialidad y transparencia, además de vulnerar el debido proceso y otros principios administrativos esenciales”, puntualizó la entidad en su misiva.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la recusación presentada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el caso abre un debate sobre la relación entre los organismos de control y las entidades del Gobierno en la implementación de políticas públicas.
Este episodio subraya las tensiones en torno a la UPC, un componente clave en la financiación del sistema de salud colombiano, que ha estado en el centro de diversas críticas y revisiones por parte de actores políticos y técnicos.
El desarrollo de esta controversia será clave para definir el futuro de las decisiones administrativas en el sector salud, así como la relación entre el Ministerio y los órganos de control del país.
