El Gobierno nacional aclaró el alcance del decreto en preparación sobre el uso de redes sociales por parte de menores de edad, en medio de versiones que sugerían una posible prohibición de estas plataformas en Colombia. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones afirmó que la iniciativa no contempla restringir el acceso a celulares ni impedir el uso de redes sociales.
Según explicó la funcionaria, el enfoque de la normativa está dirigido a fortalecer la responsabilidad de las plataformas digitales como Meta y TikTok, obligándolas a entregar información periódica sobre el comportamiento de los usuarios menores de edad. Esta medida busca generar insumos técnicos que permitan diseñar políticas públicas orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.
El decreto, actualmente en fase de estructuración, plantea la creación de mecanismos de seguimiento y análisis de datos relacionados con el uso de redes sociales por parte de menores. Esta información sería evaluada por instancias técnicas del Estado con el fin de identificar riesgos asociados a fenómenos como el ciberacoso, el acceso a contenidos inapropiados y otras amenazas digitales.
La ministra reiteró que no se trata de una política restrictiva, sino de una estrategia de corresponsabilidad en la que participan el Estado, las familias, el sector educativo y las empresas tecnológicas. En este sentido, las plataformas deberán asumir compromisos concretos en materia de seguridad, transparencia y protección de los derechos de los menores.
El debate sobre esta regulación surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto del entorno digital en la población infantil y juvenil. En Colombia, el acceso temprano a internet y redes sociales ha aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades a plantear medidas preventivas sin limitar el acceso a la tecnología.
El Gobierno también ha señalado que el decreto incluirá espacios de coordinación interinstitucional para el monitoreo de estas dinámicas, así como estrategias de formación en el uso responsable de herramientas digitales. Estas acciones buscan fortalecer las capacidades de prevención tanto en el hogar como en los entornos educativos.
Aunque la normativa no impone sanciones directas ni restricciones inmediatas, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas adicionales en el futuro, dependiendo de los resultados que arrojen los informes y análisis derivados de su implementación.
Con estas aclaraciones, el Gobierno busca disipar las dudas generadas en la opinión pública y enfatizar que el objetivo del decreto es proteger a los menores en el entorno digital, sin recurrir a prohibiciones, en un escenario donde el uso de redes sociales continúa en expansión en el país.
