El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella prepara un estatuto antiterrorista con el que busca ampliar las herramientas jurídicas, financieras, penitenciarias y militares del Estado para enfrentar a grupos armados y organizaciones criminales. La iniciativa todavía es un borrador: será presentada este jueves 8 de octubre ante el Consejo Superior de Política Criminal antes de su eventual radicación en el Congreso.
Uno de sus componentes centrales es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una lista pública que sería elaborada por una instancia técnica y aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. La inclusión de una persona u organización permitiría congelar inmediatamente sus cuentas, bienes y recursos económicos, además de impedirle contratar con el Estado o recibir subsidios, beneficios y dineros públicos.
Los afectados podrían solicitar su retiro del registro y el Consejo de Seguridad Nacional tendría 90 días para responder. Si la petición fuera rechazada, la decisión podría ser demandada ante el Consejo de Estado. Entidades financieras, notarías y otros sectores obligados deberían consultar la lista antes de realizar determinadas operaciones.
El proyecto también propone crear el cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, adscrito a la Presidencia de la República. El funcionario sería designado directamente por el mandatario para un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección, mientras que el presidente recibiría facultades extraordinarias durante seis meses para reglamentar la estructura y funcionamiento de esa oficina.
La iniciativa contempla nuevos delitos y el endurecimiento de penas para conductas relacionadas con el uso criminal de drones, minería ilegal, narcotráfico, secuestro, extorsión, contrabando, trata de personas, delitos informáticos, asonadas y ataques contra infraestructura crítica. Cuando estas acciones beneficien a una organización incluida en el registro, las condenas podrían aumentar hasta en una tercera parte.
Para los señalados como cabecillas se plantea un régimen penitenciario especial, con reclusión en pabellones exclusivos, comunicaciones restringidas, visitas limitadas a familiares cercanos e inhibición de señales de telecomunicaciones. Paralelamente, quienes colaboren eficazmente con las autoridades antes de la acusación formal podrían recibir reducciones de hasta el 60 % de la pena si su información contribuye a desarticular una organización.
El Gobierno sostiene que la propuesta responde a su estrategia de considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, sin diferenciarlos por su origen o denominación. Sin embargo, ninguna de estas medidas está vigente: al tratarse de una ley estatutaria, el proyecto deberá obtener mayoría absoluta en ambas cámaras, completar su trámite dentro de una sola legislatura y superar la revisión previa de la Corte Constitucional. Durante ese proceso deberá discutirse si la conformación administrativa del registro, el congelamiento inmediato de bienes y las restricciones propuestas garantizan el debido proceso y los derechos fundamentales.
