Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Sorprende, y preocupa demasiado, la ligereza de abogado de baranda con que el gobernante ordena actividades precisas de las fuerzas estatales, generalizando criterios que son acaso solo de su fuero interno o de sus inmediatos colaboradores.
Vetar a un compatriota capacitado porque se le considera infectado de la peste pasajera del petrismo se ve feo. Esa liviandad en clasificar y luego decretar, sin medir ni los antecedentes ni las consecuencias de lo afirmado públicamente, es tanta que, con el transcurrir de las horas, uno termina por creer que las actitudes del gobernante son más las de un adolescente antojado y caprichoso, a quien le inculcaron que los infectados de cualquier enfermedad, cierta o imaginada, son peligrosos, y no las de un mandatario con la brújula bien calibrada.
Lo sucedido con el arrebato de irse a despachar al vetusto Palacio de San Carlos, donde Manuelita y Bolívar hacían el amor, y la reculada, a solo 20 días de gobierno, de volver a la Casa de Nariño, obliga a pensar que una cosa son los deseos del mandatario y sus prejuicios, y otra, la realidad del aparato estatal.
Vetar el nombre de la sapientísima bugueña Carolina Soto Losada porque es la esposa de quien fuera ministro de Petro es cercano a la ridiculez.
Igual va a terminar sucediendo con el ordenamiento teutón de perseguir a todos los inmigrantes para deportarlos, como lo está haciendo Trump de manera vesánica con los latinos sin papeles. Casi el 99 % de los extranjeros sin papeles en Colombia son venezolanos que huyeron de la tragedia política y económica de su patria.
Clasificarlos a todos como delincuentes es más que una ligereza corroncha. Es, además de inconstitucional e inhumana, una forma bellaca de destruir una tradición de hermandad que nos ha protegido en ambos sentidos desde cuando dejamos de ser la Gran Colombia.
Suena más a racismo clasista barranquillero del Country que a palabras del ser humano sensible que conocí desde hace muchos años en el entorno de la inolvidable poeta Soad Louis.
