El senador Iván Cepeda cuestionó la decisión del Ministerio del Trabajo de derogar 11 circulares expedidas durante el Gobierno de Gustavo Petro y calificó la medida como una “abierta agresión” contra los derechos de los trabajadores y de poblaciones en condición de vulnerabilidad.
La determinación fue adoptada mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, firmada por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. Los documentos retirados contenían orientaciones sobre jornada laboral, horas extras, estabilidad laboral reforzada, libertad sindical, trabajo doméstico, equidad de género, plataformas digitales, negociación colectiva y debido proceso disciplinario.
“Comienza la agresión contra los derechos laborales”, afirmó Cepeda a través de su cuenta en X. El congresista sostuvo que las circulares habían sido creadas para fortalecer la protección de trabajadoras domésticas, personas con discapacidad y otros sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Cepeda también cuestionó el discurso social del presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que la decisión evidencia una política contraria a los trabajadores. “Tendremos que enfrentarlo”, concluyó el senador, quien se ha convertido en una de las principales voces de oposición al nuevo Gobierno.
El Ministerio del Trabajo presentó una interpretación diferente. La entidad aseguró que la derogación no elimina ni disminuye los derechos reconocidos en la Constitución, las leyes, los decretos o la jurisprudencia laboral. Lo que deja de tener vigencia son los lineamientos administrativos contenidos en las 11 circulares.
Según la cartera, algunos de esos documentos presentaban problemas de competencia, técnica normativa, reserva legal y debido proceso. El Gobierno considera que una circular puede orientar la actuación de funcionarios y empleadores, pero no crear obligaciones, procedimientos o sanciones que no estén establecidos previamente en una norma de mayor jerarquía.
Uno de los casos controvertidos corresponde a los lineamientos para inspeccionar el trabajo doméstico remunerado. Una de las circulares contemplaba la posibilidad de que inspectores ingresaran a una vivienda sin consentimiento previo ante un supuesto peligro inminente para la persona trabajadora. El Ministerio argumentó que esa disposición podía entrar en conflicto con la protección constitucional del domicilio.
También fueron retiradas orientaciones relacionadas con las horas extras en el sector de vigilancia, la inspección de plataformas digitales de domicilios, los despidos con justa causa y las actuaciones consideradas antisindicales. La administración afirmó que algunos textos podían generar interpretaciones equivocadas o atribuir facultades sancionatorias que no correspondían al Ministerio.
La decisión fue respaldada por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien afirmó que las circulares generaban inseguridad para los empleadores y funcionaban, en la práctica, como una reforma laboral que no había sido discutida por el Congreso. Sectores de oposición respondieron que su eliminación podría debilitar las herramientas de inspección, vigilancia y control frente a posibles abusos laborales.
La controversia central está en los efectos prácticos de la medida. Jurídicamente, derogar una circular no equivale a eliminar un derecho consagrado en la ley ni a desmontar la reforma laboral. Sin embargo, retirar esos lineamientos sí puede modificar la manera en que los inspectores interpretan, aplican y supervisan determinadas obligaciones.
La Resolución 2708 contempla la revisión de varios de estos asuntos y la preparación de nuevos protocolos con mayor respaldo jurídico. Mientras el Gobierno defiende la medida como una depuración normativa, Cepeda y otros sectores de oposición la presentan como el comienzo de un retroceso en la política de protección laboral impulsada por la administración anterior.
