La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López, del Pacto Histórico, por el presunto delito de abuso de función pública. El proceso busca establecer si la congresista excedió sus competencias durante un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, en el que fue incautada un arma de fuego a partir de información entregada por alias Pipe Tuluá.
La decisión fue anunciada el 21 de agosto de 2026 por la Sala Especial de Instrucción, instancia encargada de investigar penalmente a los congresistas. El hecho bajo análisis ocurrió el 10 de julio de 2025, cuando Zuleta ingresó al establecimiento penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron un arma de fuego después de recibir información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá y señalado como cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada.
La investigación pretende determinar si la participación de la senadora en esa diligencia estaba respaldada por las funciones que desempeñaba dentro de los espacios de conversación sociojurídica promovidos por el gobierno de Gustavo Petro.
Zuleta fue designada coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. La Corte mencionó las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como parte del marco que deberá examinar para establecer el alcance de sus funciones.
La segunda de esas resoluciones fue emitida después del operativo ocurrido en julio de 2025. Por ello, el análisis judicial deberá establecer cuáles eran concretamente las competencias vigentes de la congresista en el momento de los hechos investigados.
El punto central del proceso será determinar si sus responsabilidades como coordinadora de conversaciones con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá le permitían intervenir o acompañar un procedimiento desarrollado dentro de una cárcel de Bogotá.
Según versiones conocidas sobre el operativo, la incautación del arma estaría relacionada con una alerta por un posible ataque contra otro interno. Sin embargo, las circunstancias específicas de esa amenaza y el papel desempeñado por cada participante deberán ser esclarecidos dentro de la investigación judicial.
La senadora ha defendido anteriormente su presencia en el procedimiento y ha sostenido que actuó como observadora en el marco de las gestiones de paz. También ha argumentado que su intervención buscaba contribuir a la protección de una persona que presuntamente se encontraba en riesgo.
La indagatoria permitirá que Zuleta presente su versión de los hechos y responda las preguntas de los magistrados sobre su participación en el operativo. Posteriormente, la Sala de Instrucción deberá valorar las pruebas y determinar si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal o adoptar otra decisión.
El caso de La Picota es independiente de otras controversias relacionadas con la participación de la congresista en procesos de diálogo con estructuras criminales. La apertura de la investigación y el llamado a indagatoria no constituyen una condena ni determinan responsabilidad penal, por lo que la senadora conserva su presunción de inocencia.
