La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024, promovida durante el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión mantiene con vida la estructura principal del nuevo sistema, aunque varias disposiciones deberán regresar a la Cámara de Representantes para corregir fallas en su trámite legislativo.
La determinación fue adoptada por siete votos contra uno, después de cerca de dos años de controversias jurídicas. La mayoría de los magistrados consideró que la Cámara subsanó adecuadamente gran parte de las irregularidades advertidas durante la aprobación inicial de la reforma.
El nuevo modelo conserva sus cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. En el componente contributivo, Colpensiones administrará las cotizaciones correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos, mientras los recursos que superen ese límite serán gestionados por administradoras privadas.
También quedó vigente la denominada ventana de oportunidad, mecanismo que permitió a cerca de 166.000 trabajadores trasladarse de régimen pensional bajo determinadas condiciones. Esta disposición era una de las que había continuado aplicándose mientras la Corte definía el futuro de la ley.
Sin embargo, un grupo de artículos deberá ser debatido nuevamente por la plenaria de la Cámara. El Congreso tendrá 30 días hábiles, contados desde la notificación de la sentencia, para corregir los vicios identificados y enviar a la Corte las actas y documentos que acrediten el cumplimiento de la orden.
Las disposiciones avaladas entrarían en vigor el 1.º de abril de 2027, lo que concede un periodo de preparación a Colpensiones, los fondos privados y las demás entidades involucradas. Mientras llega esa fecha, el sistema continuará funcionando principalmente bajo las reglas de la Ley 100 de 1993.
El fallo despeja una parte decisiva del futuro de la reforma, pero no cierra completamente la discusión jurídica. Todavía existen demandas sobre aspectos de fondo de la Ley 2381, por lo que la Corte podría pronunciarse posteriormente sobre disposiciones específicas del nuevo sistema pensional.
