El presidente Gustavo Petro anunció el traslado a Bogotá de los internos involucrados en la polémica fiesta realizada en la cárcel de Itagüí, un hecho ocurrido el pasado 8 de abril que generó rechazo y abrió un nuevo debate sobre el control en los centros penitenciarios del país.
“Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó el mandatario durante una intervención pública, en respuesta a las denuncias sobre la celebración dentro del penal de máxima seguridad.
El evento, que incluyó música vallenata, consumo de licor y logística propia de una fiesta, habría contado con la participación de voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá que actualmente hacen parte de una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional en el marco de la política de paz.
Tras conocerse los hechos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) inició investigaciones internas que ya derivaron en sanciones disciplinarias contra varios funcionarios, mientras se avanza en la identificación de responsabilidades adicionales por el ingreso de elementos prohibidos al centro de reclusión.
El traslado de los internos busca, según el Gobierno, restablecer el orden y enviar un mensaje de control frente a lo ocurrido. La medida también pretende evitar que las estructuras criminales mantengan influencia dentro de un mismo establecimiento penitenciario.
El caso ha generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que cuestionan la seguridad en las cárceles y advierten sobre posibles privilegios indebidos para algunos reclusos. Las imágenes y testimonios conocidos han sido interpretados como evidencia de fallas en la vigilancia y supervisión del sistema penitenciario.
Asimismo, el episodio ha impactado el desarrollo de los procesos de diálogo que adelanta el Ejecutivo con grupos criminales, en medio de la estrategia de paz total, generando interrogantes sobre los alcances y controles dentro de estos acercamientos.
Las autoridades han reiterado que continuarán las investigaciones para determinar la totalidad de los responsables y fortalecer las medidas de control en los centros carcelarios del país, mientras el traslado de los implicados se perfila como una de las primeras decisiones concretas frente al escándalo.
