La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dio este 13 de junio de 2025 un paso sin precedentes al declarar la ruptura de la unidad procesal en el expediente 6934, que cursaba bajo investigación disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro. El giro implica la apertura de una investigación penal por presunta falsedad ideológica en documento público, lo que amplía el alcance judicial del caso.
La denuncia original fue presentada por el exministro Wilson Ruiz, tras la difusión de cartas firmadas por el excanciller Álvaro Leyva, en las cuales se incluye una presunta acusación de consumo de drogas por parte de Petro, con afectación de sus funciones presidenciales. Las misivas también alegan posibles conductas delictivas vinculadas con su viaje a París en junio de 2023, incluida la expedición del Decreto 1009, que lo catalogó oficialmente como “viaje presidencial”.
En la resolución adoptada por los investigadores —Carlos Alberto Cuenca Chaux, Olga Lucía Velásquez Nieto y Wadith Alberto Manzur Imbett— se argumenta que pudieron surgir pruebas en el curso del proceso disciplinario que configuran una conducta punible distinta, lo que amerita la separación de ambos procedimientos para evitar fallos contradictorios, tal como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C‑357 de 1999 . El documento establece:
- Declarar la ruptura de la unidad procesal del expediente 6934.
- Ordenar la devolución del expediente para su separación y nuevo reparto.
- Notificar al presidente Petro.
- Notificar a la delegada de la Procuraduría para investigación y juzgamiento penal.
Esta determinación implica que Petro enfrentará simultáneamente dos frentes judiciales:
- Disciplina presidencial: por las acusaciones relacionadas con los señalamientos en las cartas.
- Investigación penal: por el delito de falsedad ideológica en documento público, al presuntamente declarar falsamente su estatus y viaje oficial.
De comprobarse, el cargo tendría consecuencias significativas en el ámbito político y judicial del país.
El proceso se centra ahora en Leyva, quien será citado nuevamente para ampliar y sustentar las acusaciones incluidas en las cartas, que motivaron la denuncia penal. El excanciller, figura clave en la actual polémica, ya anticipó que ejercerá “todas las instancias jurídicas e internacionales” debido a una presunta persecución política.
El caso plantea un dilema de institucionalidad: la Comisión enfrentará la complejidad de investigar a un jefe de Estado bajo dos fueros distintos (disciplinario y penal). Deberá garantizar los principios constitucionales de debido proceso, legalidad y separación de poderes, preservando la seguridad jurídica sin vulnerar prerrogativas presidenciales.
