La Contraloría General de la República alertó sobre una reducción significativa en los subsidios de vivienda en Colombia y advirtió que esta disminución no ha sido proporcional a los recursos invertidos, lo que podría comprometer el cumplimiento de metas en la política habitacional del país.
El informe del organismo de control señala que, bajo la actual administración, se han registrado cambios estructurales en los programas de vivienda, pasando de 12 iniciativas a solo 4, lo que ha impactado directamente el alcance de los subsidios. Esta reconfiguración ha generado una menor cobertura en el número de hogares beneficiados.
Uno de los programas más representativos, Mi Casa Ya, evidenció en 2025 su nivel más bajo en una década. Según las cifras, ese año solo se beneficiaron 18.838 hogares, en contraste con más de 61.000 en 2022, lo que representa una caída cercana al 69%. La tendencia descendente se confirma al comparar los datos anuales, pasando de 85.019 hogares atendidos en 2022 a 18.059 en 2025, una reducción del 78,8%.
A pesar de que entre 2022 y 2025 se atendieron 222.533 hogares, una cifra similar al periodo anterior, la Contraloría enfatiza que la tendencia reciente muestra una disminución sostenida que podría afectar la continuidad de los programas y su impacto social.
El informe también advierte sobre otros factores que inciden en la situación, como la reducción de los recursos destinados, demoras en la ejecución de los subsidios y una alta dependencia del Gobierno nacional en la financiación de los programas. A esto se suma una baja participación de las entidades territoriales, lo que limita la capacidad de respuesta a nivel regional.
Según la Contraloría, estos elementos representan riesgos para la sostenibilidad de la política de vivienda en Colombia, especialmente en un contexto donde el acceso a vivienda digna sigue siendo una de las principales necesidades de la población.
El organismo de control concluyó que es necesario fortalecer la articulación institucional, mejorar la ejecución de los recursos y garantizar una mayor eficiencia en la implementación de los programas, con el fin de evitar un deterioro en los indicadores de acceso a vivienda en el país.
