La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) ha lanzado una advertencia sobre la inminente crisis energética que enfrenta el país, señalando al Gobierno del presidente Gustavo Petro como responsable de un posible apagón a nivel nacional. Según César Uparela, directivo de Acopi, la falta de pago de deudas acumuladas con el sector energético pone en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico.
Deudas acumuladas y riesgo de apagón
Las deudas en cuestión ascienden a aproximadamente $7,5 billones de pesos, distribuidas de la siguiente manera:
- $3,5 billones correspondientes a la opción tarifaria.
- $2,5 billones en subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3.
- $1,5 billones relacionados con obligaciones a generadores de energía.
Uparela enfatizó que, de no saldarse estas deudas, las empresas del sector podrían enfrentar serias dificultades operativas, lo que derivaría en racionamientos programados y, eventualmente, en un apagón similar al ocurrido en 1992.
Impacto en las plantas térmicas y proyectos de generación
La crisis financiera también afecta a las plantas térmicas, esenciales para respaldar la generación de energía en Colombia. Sin recursos para adquirir combustible, estas instalaciones verían comprometida su operatividad. Además, varios proyectos de generación están estancados debido a la falta de licenciamiento ambiental y acuerdos con comunidades locales, lo que impide su avance y contribuye a la precariedad del sistema energético.
Propuestas gubernamentales y reacciones
En respuesta a la situación, el Gobierno ha propuesto que los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores industrial y comercial, asuman la deuda de la opción tarifaria en un plazo de 8 a 10 años. Esta iniciativa ha generado controversia y resistencia en diversos sectores, que consideran inviable trasladar esta carga financiera a dichos estratos y sectores económicos.
La situación energética en Colombia es crítica y requiere de acciones inmediatas y coordinadas entre el Gobierno y los actores del sector para evitar un colapso en el suministro eléctrico que afectaría gravemente a la población y a la economía nacional.
