La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia ha logrado propinar un nuevo golpe jurídico y político al Gobierno Nacional, luego de que un juez de la República decidiera admitir la acción de tutela interpuesta por la congresista contra el decreto de emergencia económica. Esta decisión judicial ratifica la posición de Valencia como una de las figuras más determinantes de la oposición, consolidando su capacidad para desafiar las determinaciones del Ejecutivo no solo en el debate legislativo, sino también en los estrados judiciales.
La admisión del recurso, presentado en compañía del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, representa un revés significativo para la Casa de Nariño. La acción judicial va dirigida directamente contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, y su recepción por parte del despacho judicial indica que existen argumentos de peso constitucional que merecen ser estudiados a fondo. La senadora ha sostenido con vehemencia que la medida de emergencia vulnera derechos fundamentales y debilita el Estado de derecho, tesis que ahora será examinada minuciosamente por la justicia.
Este movimiento legal reafirma el rol de Paloma Valencia como una férrea fiscalizadora de la administración de Gustavo Petro. Su estrategia jurídica ha puesto nuevamente en aprietos al Gobierno, obligándolo a defender la legitimidad de sus decretos ante los jueces. La congresista ha logrado trasladar la discusión sobre la crisis fiscal del escenario político al campo del litigio constitucional, demostrando una fuerza institucional que busca frenar lo que su bancada considera una extralimitación de las facultades presidenciales.
Aunque el juez negó la suspensión provisional del decreto, permitiendo que la norma siga vigente mientras se surte el proceso, la sola admisión de la tutela abre un capítulo de incertidumbre sobre la estabilidad jurídica de las medidas económicas adoptadas. El proceso que inicia ahora mantendrá bajo escrutinio las decisiones del Gobierno, en un pulso donde la senadora Valencia se perfila como la protagonista de una batalla legal que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en la actual coyuntura nacional.
