El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a prisión al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el marco del escándalo de corrupción de la UNGRD. A través de sus canales oficiales, el mandatario cuestionó públicamente la imparcialidad de la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien dictó la medida de aseguramiento, comparando su actuación en este caso con fallos anteriores que favorecieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado señaló una presunta disparidad de criterios en el accionar de la funcionaria judicial. Petro recordó que fue la misma magistrada Rosero quien, en una instancia previa, ratificó la libertad del líder del Centro Democrático, mientras que ahora ordenó la reclusión intramural de Bonilla, un hombre de 76 años con reciente historial médico delicado. «La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe… Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor por profesión Ricardo Bonilla», sentenció el presidente, planteando el interrogante de si en el fallo primó la justicia o el odio político.
El mandatario defendió la integridad de su exfuncionario, calificándolo como una persona «ingenua» que terminó envuelta en el entramado de corrupción por confiar en figuras equivocadas dentro del ministerio. Petro enfatizó en la trayectoria académica de Bonilla y aseguró que, en su conciencia, tiene la certeza de su inocencia. Además, criticó que la medida privativa de la libertad se dictara justo antes del inicio de la vacancia judicial, lo que, a su juicio, agrava el daño personal y familiar para el exministro en la temporada de fin de año.
Por su parte, la decisión judicial se fundamentó en la gravedad de los hechos investigados, que vinculan a Bonilla y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La magistrada Rosero argumentó que la detención en centro carcelario era necesaria para evitar la reiteración delictiva y la obstrucción a la justicia, desestimando las peticiones de medidas menos severas como la detención domiciliaria, al considerar que los imputados formaron parte de una estructura criminal organizada desde el alto gobierno.
Las declaraciones del presidente desataron una inmediata respuesta de la oposición. El partido Centro Democrático emitió un comunicado instando a Petro a respetar la independencia de poderes y a «estudiar y entender» las decisiones judiciales antes de emitir juicios de valor. La colectividad rechazó las insinuaciones sobre un sesgo político en la justicia y defendió la institucionalidad frente a los ataques del ejecutivo, marcando un nuevo punto de tensión en la relación entre el gobierno y las altas cortes.
