Estados Unidos llamó a consultas a su encargado de negocios en Bogotá, John T. McNamara, tras calificar como “declaraciones infundadas y reprochables” los señalamientos emitidos desde la más alta instancia del Gobierno de Colombia, declaró el secretario de Estado Marco Rubio, quien también advirtió que se están evaluando medidas adicionales para evidenciar su profunda preocupación por el estado de las relaciones bilaterales. En respuesta a esta acción, el presidente Gustavo Petro dispuso el retorno inmediato de su embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, con el propósito de revisar directamente la agenda bilateral entre ambas naciones.
El origen del enfrentamiento diplomático se encuentra en la acusación de Petro sobre un presunto intento de golpe de Estado liderado por su excanciller Álvaro Leyva, quien habría buscado apoyo de congresistas republicanos ligados a Donald Trump y al propio Marco Rubio, así como de actores ilegales como el ELN y el Clan del Golfo. Si bien el mandatario colombiano matizó sus afirmaciones, indicando que Rubio no estuvo directamente involucrado, insistió en que se debe investigar a fondo cualquier intento de desestabilización desde el extranjero.
Este intercambio no se da en un vacío. Las universidades recientes tensiones por el manejo de vuelos de deportación y la posibilidad de sanciones en enero pasado ya habían agravado la relación bilateral. En aquel momento, la cancelación temporal de deportaciones por parte de Colombia provocó un choque directo con la antigua administración estadounidense, que amenazó con restricciones arancelarias y suspensión de visados.
La convocatoria simultánea de embajadores, junto con la informada reacción del Departamento de Estado que reafirma que “Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial”, revela un distanciamiento real entre las dos administraciones, donde el respeto mutuo se convierte en eje de la negociación. El embajador McNamara viajará a Washington para reuniones con las máximas autoridades del Departamento de Estado, mientras que en Bogotá el embajador Daniel García Peña participará en encuentros con Cancillería para evaluar la respuesta del gobierno colombiano.
Este choque verbal y diplomático introduce incertidumbre sobre la continuidad de proyectos conjuntos, especialmente en seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación migratoria, sectores clave en la agenda binacional. El resultado de la investigación en curso sobre los audios de Leyva y el seguimiento de las medidas estadounidenses determinarán si la crisis se mantiene como un impasse temporal o se convierte en un punto de inflexión con efectos duraderos.
