La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que fue informada por el Gobierno Nacional sobre un presunto plan para atentar contra su vida, en medio de un contexto de creciente tensión en la campaña electoral y de alertas por seguridad en distintas regiones del país.
Según explicó la dirigente, la información le fue entregada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional, quienes le habrían advertido sobre un riesgo concreto en su contra. De acuerdo con los datos revelados, el presunto plan estaría vinculado al frente 42 de las disidencias de las Farc, que habría ofrecido una suma cercana a 2.000 millones de pesos para ejecutar el atentado.
Valencia aseguró que, pese a la gravedad de la situación, continuará con su agenda política y no modificará su estrategia de campaña. En sus declaraciones, enfatizó que no busca victimizarse ni solicitar nuevas garantías, sino informar a la ciudadanía sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrolla la contienda electoral.
La candidata señaló que este tipo de amenazas reflejan el panorama que enfrentan no solo los aspirantes presidenciales, sino también los ciudadanos en regiones afectadas por la violencia. En ese sentido, indicó que mantendrá su presencia en plazas públicas y continuará recorriendo el país, incluyendo zonas del suroccidente donde persisten problemas de orden público.
El anuncio se produce en un momento en el que diferentes sectores han expresado preocupación por el clima de seguridad de cara a las elecciones de 2026. En las últimas semanas se han reportado atentados, acciones armadas y advertencias de posibles riesgos para líderes políticos y sociales.
Valencia también vinculó las amenazas a su postura frente a la política de “paz total”, señalando que su posición crítica frente a los grupos armados podría estar relacionada con los riesgos denunciados. Asimismo, indicó que, en caso de llegar a la Presidencia, adoptaría medidas para restablecer las órdenes de captura contra estructuras criminales.
El caso se suma a otras alertas sobre la seguridad de candidatos en el actual proceso electoral, lo que ha llevado a reforzar los esquemas de protección y a intensificar el monitoreo por parte de las autoridades. La evolución de esta situación será determinante para el desarrollo de la campaña y las garantías democráticas en el país.
