La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia expresó fuerte respaldo a la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) de renovar por un año el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (MVNU), excluyendo de dicho mandato las tareas de supervisión de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016.
En un video publicado en sus redes sociales, Paloma Valencia manifestó que “la JEP fue un tribunal diseñado para complacer la impunidad de las FARC, y lograron encubrirlo. Pero ya eso se acabó. La decisión de no acompañar las sanciones es una daga en el corazón de la impunidad. Se acabó la fiestica. Lo que viene es justicia”.
La senadora vinculó directamente la decisión del CSNU con el supuesto fracaso del modelo de justicia transicional colombiano, al afirmar que “sin la ONU, sus sanciones no restauran: son solo impunidad”.
El miércoles 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2798, con 13 votos a favor y dos abstenciones, para prorrogar el mandato de la MVNU en Colombia. Sin embargo, por primera vez desde 2017 el respaldo no fue unánime, y por primera vez se eliminaron funciones clave: la verificación del cumplimiento de las sanciones decretadas por la JEP y el seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo.
De acuerdo con el sitio oficial de la MVNU, entre sus labores históricas se encontraba, precisamente, la verificación del Punto 5.1.2 (sanciones de la JEP) y del Punto 6.2 (Capítulo Étnico) del Acuerdo de Paz.
Valencia consideró que la decisión no es meramente técnica, sino de profundo contenido político, pues “esta señal expone al sistema a una pérdida de legitimidad internacional”. En su mensaje en redes sociales agradeció de manera explícita el papel de los Estados Unidos, al afirmar que “gracias a EE.UU., la misión de verificación de la ONU en Colombia no podrá hacer seguimiento a las ridículas sanciones de la JEP contra las FARC”.
Por su parte, la JEP emitió un comunicado señalando que, a pesar de la salida de la MVNU de esas funciones, continuará con su propio sistema de monitoreo y verificación de las sanciones para asegurar la implementación de sus decisiones restaurativas. (La nota oficial no detalla los recursos adicionales que se asignarán a dicho sistema).
El pronunciamiento de la senadora Paloma Valencia generó amplio eco político: tanto aliados como opositores reaccionaron en redes sociales y escenarios institucionales, intensificando el debate sobre los efectos del retiro del acompañamiento internacional y sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia.
Los próximos meses serán cruciales para ver cómo interactúan tres factores: la capacidad de la JEP para operar sin verificación externa de la ONU, la respuesta del Gobierno ante la señal de distanciamiento internacional, y el impacto político de este tema en una campaña presidencial que ya se perfila con alta polarización.
