El senador Iván Cepeda cuestionó el borrador del estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y advirtió que sus disposiciones podrían afectar los derechos humanos, las libertades públicas y las garantías constitucionales. El dirigente del Pacto Histórico calificó la iniciativa como un posible instrumento de persecución política, una valoración que corresponde a su posición como líder de la oposición.
Uno de sus principales reparos está relacionado con la definición de terrorismo incluida en el documento. Según Cepeda, utilizar conceptos amplios como miedo, pánico, zozobra, riesgos, amenazas o violencia podría permitir que determinadas movilizaciones ciudadanas o conductas actualmente legales fueran interpretadas como acciones terroristas.
El congresista también cuestionó la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas. A su juicio, permitir que el Consejo de Seguridad Nacional incluya personas mediante un acto administrativo, sin una condena judicial previa, podría ocasionar afectaciones al buen nombre, congelamiento de cuentas, pérdidas patrimoniales y restricciones para acceder a contratos, subsidios o recursos públicos.
Cepeda sostuvo, además, que las facultades relacionadas con inteligencia, vigilancia y comunicaciones podrían abrir la puerta a prácticas arbitrarias. El senador afirmó que el proyecto podría “legalizar el espionaje” y las escuchas ilegales; sin embargo, esa es su interpretación política y jurídica del borrador, que todavía no ha sido radicado oficialmente ni sometido al debate del Congreso.
El texto conocido propone crear un alto comisionado contra el terrorismo, endurecer penas, establecer un régimen penitenciario especial para cabecillas y congelar los recursos de quienes sean incluidos en el registro. También contempla beneficios de hasta el 60 % en la pena para integrantes de organizaciones que colaboren eficazmente con las autoridades antes de la acusación formal.
Desde el oficialismo, el senador Hernán Cadavid defendió la iniciativa y aseguró que el Estado necesita herramientas más contundentes para enfrentar a organizaciones armadas vinculadas con el narcotráfico. El congresista afirmó que terminó el tiempo de la “complacencia con delincuentes” y confirmó que respaldará el estatuto durante su discusión legislativa.
El proyecto será presentado inicialmente ante el Consejo Superior de Política Criminal y posteriormente llegaría al Congreso. Al tramitarse como una ley estatutaria, necesitará mayoría absoluta en ambas cámaras, deberá ser aprobado dentro de una sola legislatura y tendrá revisión previa de la Corte Constitucional. Ese proceso determinará si las medidas propuestas son compatibles con el debido proceso, la libertad de expresión, el derecho a la protesta y las demás garantías protegidas por la Constitución de 1991.
