Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó su participación en la expedición irregular de dos títulos académicos a nombre de Juliana Guerrero, mediante un preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación.
Durante la audiencia celebrada el 20 de agosto, Gutiérrez reconoció haber utilizado su cargo para autorizar la expedición de diplomas y actas de grado que certificaban información contraria a la realidad académica de Guerrero. Los documentos fueron emitidos el 1 de julio de 2025.
Los títulos acreditaban a Guerrero como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. La Fiscalía sostuvo que la beneficiaria no había cumplido todos los requisitos académicos y legales, incluida la presentación de la prueba Saber Pro exigida para obtener el título profesional.
El preacuerdo contempla una pena de 36 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público. La participación atribuida inicialmente a Gutiérrez fue modificada de coautor a cómplice, como parte de la negociación sometida a revisión judicial.
El exdirectivo renunció a continuar con un juicio público y aceptó los hechos jurídicamente relevantes presentados por la Fiscalía. Durante la diligencia también ofreció disculpas a la comunidad académica por su actuación.
Los documentos fueron incorporados a una hoja de vida registrada en la plataforma estatal Sigep II para acreditar los requisitos exigidos en la aspiración de Guerrero al Viceministerio de las Juventudes. El nombramiento no se concretó después de conocerse las inconsistencias relacionadas con su formación académica.
Juliana Guerrero estaba citada a la audiencia en la que la Fiscalía pretendía formalizar la acusación en su contra, pero no se conectó a la diligencia virtual. El juez 46 de conocimiento de Bogotá informó que su abogado había solicitado el aplazamiento mediante un correo enviado la noche anterior.
El proceso contra Guerrero continuará en una nueva fecha y las responsabilidades deberán establecerse de manera individual. La Fiscalía sostiene que habría conocido la falta de autenticidad de los documentos al utilizarlos, mientras su situación jurídica seguirá sometida al análisis y las decisiones de los jueces competentes.
