La crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander, ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 100 muertos y cerca de 50.000 desplazados a causa de los violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. En este contexto, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, reconoció que el Gobierno nacional no analizó a profundidad las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el recrudecimiento del conflicto en la región.
Durante una audiencia en la Corte Constitucional el lunes 3 de febrero de 2025, Patiño admitió que, a pesar de que existían indicios claros de una escalada de violencia entre el Bloque Gentil Duarte del Frente 33 y el ELN, no se realizó un análisis detallado de los factores que provocaron el colapso de una aparente convivencia entre estos grupos armados.
“La verdad, en esto quiero ser muy autocrítico, no hubo un análisis a fondo sobre por qué se estaba presentando esta exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían una especie de estado de convivencia”, declaró Patiño.
El pronunciamiento del alto comisionado se dio en un momento crítico para el Ejecutivo, que busca defender ante la Corte Constitucional el decreto de conmoción interior expedido para atender la emergencia en el Catatumbo. Sin embargo, la admisión de fallas en la anticipación del conflicto podría debilitar la posición del gobierno frente a la legalidad de la medida excepcional.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que la magnitud de la crisis ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades. Según cifras oficiales, más de 49.000 personas han sido desplazadas y 28.000 permanecen confinadas sin acceso a servicios básicos ni garantías de seguridad.
Iris Marín, defensora del Pueblo, aseguró que el actual conflicto en el Catatumbo ha alcanzado niveles sin precedentes, comparables solo con los desplazamientos masivos ocurridos en 1997.
“Desde la Defensoría habíamos alertado sobre la expansión de los grupos armados en la región, pero la situación ha superado cualquier expectativa. El escalamiento del conflicto ha generado desplazamientos masivos y ha puesto en grave riesgo a la población civil”, expresó Marín.
Las comunidades de la zona enfrentan graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen reclutamiento forzado de menores, amenazas, ataques contra líderes sociales y personal médico, así como la proliferación de redes de trata de personas y explotación sexual, afectando principalmente a mujeres y niños.
Ante la crisis, el Gobierno de Gustavo Petro decretó la conmoción interior, una medida excepcional que otorga facultades especiales al Ejecutivo para afrontar la emergencia.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, justificó la decisión, señalando que los mecanismos ordinarios del Estado han resultado insuficientes para contener la escalada del conflicto.
Cristo denunció que el ELN ha trasladado combatientes desde Arauca para ejecutar masacres en el Catatumbo, lo que calificó como una acción “imperdonable”.
“El ELN perdió toda legitimidad política con estas acciones. No solo están atacando a sus enemigos, sino que han llevado la guerra a las comunidades, con listas en mano para identificar y asesinar a líderes sociales”, afirmó el ministro.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respaldó la necesidad de medidas extraordinarias, argumentando que la violencia desbordada ha demostrado la incapacidad del Estado para controlar el territorio con las herramientas convencionales.
A pesar del decreto de conmoción interior, la crisis en el Catatumbo sigue sin una solución clara. Organizaciones de derechos humanos han insistido en la urgencia de una respuesta integral que combine estrategias de seguridad con una mayor presencia humanitaria en la región.
El reconocimiento de fallas en el análisis de las alertas tempranas podría abrir la puerta a un replanteamiento de la política de seguridad del gobierno Petro, pero la población del Catatumbo continúa enfrentando una de las peores crisis humanitarias de los últimos años.