Cerca de 1.500 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre 2021 y 2025, según un informe publicado por Human Rights Watch. La organización advirtió que los casos comenzaron a aumentar significativamente desde 2023 y permanecieron en niveles especialmente elevados durante 2024. Human Rights Watch
El informe aclara que Colombia no cuenta con un registro único sobre este delito. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y las Naciones Unidas utilizan metodologías diferentes, por lo que sus cifras no pueden sumarse ni compararse como si correspondieran al mismo universo de víctimas. Además, el miedo de las familias y las dificultades para denunciar en zonas controladas por grupos armados mantienen un alto nivel de subregistro.
El Cauca concentra cerca del 57 % de los casos documentados por la Defensoría entre 2021 y 2025. De los 20 municipios colombianos con mayor número de reclutamientos, 14 están ubicados en ese departamento, donde los registros pasaron de 17 casos en 2022 a 237 en 2023 y 290 durante 2024.
Las disidencias de las antiguas FARC fueron señaladas como responsables del 74 % de los reclutamientos registrados por la Defensoría durante ese periodo. Dentro de estas estructuras, el Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, aparece como el principal responsable y concentró el 43,4 % de los casos reportados en 2025.
El impacto es especialmente grave entre las comunidades indígenas. Cerca de la mitad de las víctimas documentadas pertenecía a pueblos indígenas, aunque esta población representa poco más del 4 % de los habitantes del país. El Cauca reúne, además, el 80 % de los menores indígenas reclutados en Colombia durante los cinco años analizados.
La participación de las niñas también aumentó. Mientras históricamente representaban cerca de una tercera parte de las víctimas reclutadas por las antiguas FARC y el ELN, en 2025 llegaron al 43 % de los casos documentados. Más del 30 % de todas las víctimas registradas tenía entre 10 y 14 años, edad en la que el reclutamiento puede constituir un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma.
Human Rights Watch señaló que los grupos armados aprovechan la pobreza, la exclusión, la deserción escolar y la limitada presencia estatal para atraer a los menores con promesas de dinero, poder o prestigio. También utilizan redes sociales para exhibir armas, motocicletas y estilos de vida engañosos. La organización pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella adoptar una política integral de seguridad, prevención y justicia, fortalecer la protección de las comunidades y garantizar investigaciones eficaces contra los responsables.
