El Gobierno Nacional expidió un decreto que obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones, en una medida que impacta directamente a miles de afiliados y reconfigura el manejo de los recursos pensionales en el país.
La decisión involucra a administradoras como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, que deberán transferir estos recursos correspondientes a afiliados que se trasladaron al régimen público durante la denominada “ventana de oportunidad” establecida en la reforma pensional.
Según lo establecido en el decreto, los fondos privados tendrán un plazo máximo de 30 días para realizar el traslado total del dinero. En el caso de afiliados que aún no se han pensionado, deberán girar el 50 % de los recursos en los primeros 20 días y el saldo restante en los 10 días siguientes.
Los recursos a transferir incluyen no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos generados, lo que implica una movilización significativa de activos financieros que actualmente están invertidos, en su mayoría, en títulos de deuda pública.
El Gobierno ha justificado la medida señalando que, una vez los afiliados se trasladan al régimen público, es Colpensiones quien asume los riesgos asociados a pensión, invalidez y sobrevivencia, por lo que considera necesario que los recursos respalden directamente esas obligaciones.
Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas por parte de Asofondos, gremio que agrupa a las administradoras privadas, que calificó el decreto como lesivo para el ahorro de los trabajadores y anunció acciones legales para frenar su implementación.
Expertos han advertido que el traslado podría tener efectos sobre el mercado financiero y el ahorro nacional, al implicar la liquidación de inversiones y la reasignación de recursos hacia el sistema público, lo que podría aumentar la presión fiscal en el largo plazo.
