El nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia comenzó a operar este 1 de abril en medio de ajustes de última hora y dificultades contractuales, tras un proceso marcado por tensiones jurídicas y cambios estructurales impulsados por el Gobierno nacional.
La implementación del sistema, que reemplaza el esquema anterior operado por un privado, se da luego de casi tres años de disputas legales, cambios de funcionarios e investigaciones disciplinarias. El nuevo modelo está a cargo de la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, en un intento por fortalecer el control estatal sobre la producción del documento.
Sin embargo, uno de los principales obstáculos en la transición fue la falta de respaldo por parte de aseguradoras privadas. Según revelaciones del proceso, ninguna compañía quiso asumir el riesgo del contrato, lo que generó incertidumbre en los días previos a la entrada en funcionamiento del sistema.
Esta situación obligó a realizar modificaciones contractuales en la última semana antes del inicio del nuevo modelo, con el fin de cumplir los requisitos legales exigidos, especialmente en lo relacionado con garantías de cumplimiento. Las entidades involucradas tuvieron que recurrir a interpretaciones jurídicas para destrabar el proceso y permitir su puesta en marcha.
A pesar de las dificultades, el Gobierno defendió la transición como un paso hacia la soberanía tecnológica y la protección de los datos personales de los ciudadanos. El nuevo esquema permite que la personalización de los pasaportes se realice dentro del país, bajo control estatal y sin intermediación de terceros.
El documento incorpora además nuevas medidas de seguridad, como chips electrónicos, microtextos y sistemas de encriptación, alineados con estándares internacionales. La producción será inicialmente compartida con Portugal, aunque se proyecta que en el futuro sea completamente asumida por la Imprenta Nacional.
El inicio de este modelo marca un cambio estructural en la forma en que Colombia gestiona la expedición de pasaportes, en un contexto donde la modernización institucional y el control estatal de servicios estratégicos se han convertido en ejes centrales de la política pública.
No obstante, los desafíos evidenciados en la fase de implementación reflejan las complejidades de sustituir un esquema consolidado durante casi dos décadas por uno nuevo, que aún enfrenta retos operativos, jurídicos y financieros en su consolidación.
