La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó públicamente el crecimiento de la contratación estatal del Gobierno del presidente Gustavo Petro en enero de 2026, tras un informe revelado por la Contraloría General de la República que mostró niveles inusualmente altos de contratos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
En una serie de publicaciones en su cuenta de X, la congresista afirmó que las cifras oficiales del sistema de contratación pública SECOP, recogidas por la Contraloría, evidencian un incremento del 52,6 % en el número de contratos firmados por la administración nacional en enero de este año frente a enero de 2022, y un aumento del 68,2 % en el valor de esos contratos, que totalizaron cerca de 14,86 billones de pesos únicamente en el orden nacional.
Valencia también señaló que, según su lectura de los datos, el Gobierno habría incrementado la planta de personal y los contratistas de manera significativa. La senadora aseguró que el número de funcionarios se habría ampliado en 16.854 personas con un costo adicional calculado en 6,5 billones de pesos, y que se habrían vinculado 57.158 nuevos contratistas por cerca de 6 billones adicionales, según sus propios cálculos citados a partir de los registros del SECOP.
Al comparar cifras generales de contratación estatal, la Contraloría registró un total de 521.269 contratos de contratación directa por 32,88 billones de pesos en enero de 2026, periodo previo a la restricción que impone la Ley de Garantías, vigente durante el ciclo electoral para limitar la firma de nuevos contratos por parte del Estado.
El informe del ente de control detalla que el mayor volumen de recursos se adjudicó en la última semana de enero, cuando se comprometieron 14,8 billones de pesos, y que el 30 de enero fue el día con mayor valor contratado, alcanzando 5,7 billones de pesos en un solo día.
Según el desglose presentado por la Contraloría, el orden territorial concentró 348.495 contratos por 17,7 billones de pesos, mientras que las corporaciones autónomas registraron 7.961 contratos por 0,3 billones de pesos, en adición a los datos del orden nacional.
Valencia vinculó el aumento de la contratación y de la nómina pública con decisiones del Gobierno relacionadas con gastos y políticas previas al calendario electoral de 2026, aunque recalcó que su análisis se basó en datos oficiales divulgados por la Contraloría y no en juicios de valor sobre ellos.
El informe de la Contraloría no atribuyó responsabilidades individuales, sino que se limitó a describir el comportamiento de la contratación pública en Colombia para enero de 2026, e indicó que continuará monitoreando el uso de recursos públicos para fortalecer la transparencia y el control fiscal, especialmente en periodos de alta sensibilidad electoral.
