El reciente decreto presidencial que fijó el salario mínimo para 2026 en 2.000.000 de pesos (con un salario base de $1.746.882) ha generado una alerta máxima entre los trabajadores independientes de Colombia. La decisión, que implica un aumento histórico del 23,8 %, trae consigo un efecto colateral inmediato: el encarecimiento sustancial de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), cuyo pago mensual podría volverse insostenible para miles de cotizantes por cuenta propia.
Para los trabajadores independientes, la base mínima de cotización al sistema de seguridad social no puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente (sin el auxilio de transporte). Esto significa que, a partir del 1 de enero de 2026, ningún independiente podrá cotizar sobre una base menor a $1.746.882. Este ajuste eleva automáticamente los aportes obligatorios a salud, pensión y riesgos laborales, golpeando la liquidez de quienes viven del «rebusque» formalizado o tienen contratos de prestación de servicios con ingresos ajustados.
Al realizar los cálculos con la nueva base salarial, el costo mínimo mensual de la seguridad social sufrirá un incremento drástico. El aporte a pensión (16 %) pasará a ser de aproximadamente $279.500, mientras que la salud (12,5 %) costará cerca de $218.360. Sumando la tarifa mínima de ARL (Riesgo I), el pago total de la planilla más económica rondará los $507.000 mensuales. En comparación con el año anterior, esto representa un sobrecosto mensual cercano a los $94.000, una cifra que anualizada supera el millón de pesos adicionales solo para mantenerse activo en el sistema.
Expertos tributarios y gremios de microempresarios advierten que esta medida podría desincentivar la formalización laboral. Al elevarse la «varilla» de entrada al sistema de protección social, muchos independientes cuyos ingresos reales no crecieron en la misma proporción del 23,8 % se verán ante la disyuntiva de pagar una planilla que consume una cuarta parte de sus ingresos o caer en la informalidad y la desprotección.
La situación es especialmente crítica para aquellos prestadores de servicios que asumen la totalidad de su carga prestacional. A diferencia de los empleados asalariados, cuyo empleador cubre la mayor parte de la seguridad social, el independiente debe asumir el 100 % de estos conceptos. Con el nuevo decreto, el Gobierno impone una carga fija más alta sin que necesariamente se garantice un aumento correlativo en los honorarios o tarifas que estos trabajadores cobran por sus servicios en el mercado.
