La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) manifestaron su rechazo categórico frente al decreto expedido por el Gobierno Nacional que fija el salario mínimo para 2026 en dos millones de pesos. Los gremios de la producción calificaron la decisión, que representa un incremento del 23 %, como una medida «irresponsable y populista» tomada con claros fines electorales, advirtiendo que este ajuste desproporcionado pone en riesgo la estabilidad del tejido empresarial y la generación de empleo formal en el país.
El gremio de los comerciantes fue enfático en señalar que el proceso de diálogo tripartito careció de rigor técnico y voluntad política. Según Fenalco, la Mesa de Concertación de Políticas Salariales fue utilizada como un escenario de apariencia, llegando a tildar las negociaciones como una «farsa» y una «burla institucional» para el sector productivo. Para los empresarios, el Ejecutivo ya tenía trazada la cifra final sin considerar las advertencias sobre la capacidad real de pago de las empresas colombianas.
Uno de los puntos más críticos señalados por Fenalco es la evidente contradicción en el discurso gubernamental. El gremio cuestionó que la administración del presidente Gustavo Petro declare una emergencia económica argumentando una crisis fiscal excepcional y, simultáneamente, imponga un aumento salarial de tal magnitud que asfixia al sector privado. Esta incoherencia, según los líderes gremiales, golpea directamente la formalidad y desconoce la realidad de desaceleración que atraviesa la economía nacional.
El impacto financiero de la medida sobre los costos operativos de las compañías es sustancial. De acuerdo con los análisis técnicos presentados por Fenalco y la ANDI, con el nuevo incremento del 23 %, un empleador deberá asumir un costo real aproximado de 3.000.000 de pesos mensuales por cada trabajador que devengue el mínimo. Esta cifra contempla no solo el salario base y el auxilio de transporte, sino la totalidad de las obligaciones prestacionales, aportes a seguridad social y parafiscales que la ley exige.
Finalmente, los representantes del sector productivo advirtieron que esta decisión política tendrá un efecto bumerán sobre el mercado laboral. Al elevar drásticamente los costos de contratación en un año preelectoral, se prevé un aumento en las tasas de desempleo y un refugio mayor en la informalidad, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor fuerza empleadora del país y que tendrán serias dificultades para absorber este nuevo impacto en su flujo de caja.
