El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha protagonizado una nueva controversia nacional al denunciar que las principales aseguradoras del país le han negado el acceso a servicios de medicina prepagada tanto a él como a su núcleo familiar. A través de sus redes sociales, el alto funcionario calificó la situación como «aberrante» y aseguró ser víctima de una discriminación sistemática motivada por su postura política y su respaldo a la reforma al sistema de salud promovida por el Gobierno actual. Benedetti expuso que la compañía Sura canceló unilateralmente la póliza que su familia había mantenido durante años y que, posteriormente, Colsanitas rechazó su solicitud de afiliación.
Según la versión entregada por el ministro, el rechazo no obedece a razones técnicas o médicas, sino a una represalia por su gestión pública. El funcionario afirmó haberse enterado de manera extraoficial de que existe una instrucción tácita entre las aseguradoras para no prestarle servicios, lo cual considera un abuso de la posición dominante de estas empresas en el mercado. La gravedad de la denuncia radica, según Benedetti, en la vulneración de los derechos fundamentales de sus hijos menores de edad, quienes también quedaron excluidos de la cobertura de medicina prepagada, un servicio complementario al plan obligatorio de salud.
Ante este panorama, Benedetti anunció que emprenderá una ofensiva legal para restituir el servicio. Confirmó que interpondrá acciones de tutela y elevará quejas formales ante la Superintendencia Nacional de Salud para que se investigue la conducta de las compañías aseguradoras implicadas. Su argumento central es que las diferencias ideológicas o el debate sobre el modelo de salud no pueden traducirse en vetos comerciales que afecten el bienestar y la seguridad social de los ciudadanos, independientemente de su cargo o filiación política.
La denuncia provocó una reacción inmediata en el espectro político, destacándose el enfrentamiento con la representante a la Cámara Catherine Juvinao. La congresista cuestionó la queja del ministro, señalando la ironía de que un funcionario del gobierno que ha criticado duramente el sistema actual y a los privados ahora reclame sus servicios. Juvinao argumentó que la crisis del sector es consecuencia de la incertidumbre generada por el Ejecutivo. En respuesta, Benedetti instó a la legisladora a no validar lo que él considera un atropello corporativo y a diferenciar el debate político de los derechos individuales de su familia.
Este incidente trasciende la anécdota personal y se inserta en el tenso debate nacional sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. La denuncia pone sobre la mesa la discusión acerca de las facultades de las aseguradoras privadas para admitir o rechazar usuarios y la relación entre el poder político y el sector empresarial en medio de un clima de polarización. Mientras las autoridades competentes evalúan las acciones legales anunciadas, el caso sirve como un nuevo capítulo en la disputa narrativa sobre la conveniencia, eficiencia y equidad del modelo de aseguramiento mixto que rige en el país.
