La precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó un plan de choque estructural orientado a la recuperación y estabilización del sistema de salud colombiano, el cual enfrenta una crisis financiera sin precedentes. Durante el foro programático de su partido, realizado este 30 de noviembre de 2025 en Bogotá, la senadora expuso una hoja de ruta centrada en la sostenibilidad fiscal y la garantía de la libre elección para los usuarios. Su propuesta surge en un contexto marcado por el cierre de servicios, la interrupción en los pagos y un creciente desabastecimiento de medicamentos que afecta la atención de los pacientes.
El diagnóstico financiero presentado por Valencia es alarmante: la deuda acumulada del sector salud supera actualmente los 33 billones de pesos. Según las proyecciones de su equipo técnico, si no se implementan correctivos inmediatos, este pasivo podría escalar por encima de los 40 billones de pesos en el corto plazo. Para frenar este deterioro, la precandidata propone una «titularización de la deuda», mecanismo mediante el cual el Estado reconocería formalmente estas obligaciones y asignaría recursos específicos para su pago gradual, evitando así el colapso operativo de las aseguradoras y prestadores del servicio.
Otro de los pilares de la propuesta aborda la falta de liquidez y el cierre del crédito para clínicas, hospitales y Entidades Promotoras de Salud (EPS). Valencia planteó la creación de una certificación de calidad que evalúe la solidez de estas instituciones; aquellas que cumplan los estándares podrían acceder a contratos estatales con vigencias de hasta 20 años. Esta medida busca otorgar la estabilidad de ingresos necesaria para que las entidades puedan refinanciar sus pasivos, recuperar la confianza del sector bancario y garantizar su operación a largo plazo.
En el plano del modelo de atención, la senadora defendió la permanencia de un sistema mixto que integre actores públicos, privados y sin ánimo de lucro. Valencia enfatizó que la defensa de la libre elección es innegociable, argumentando que cada ciudadano debe mantener la potestad de decidir quién administra su salud. Su visión apunta a preservar tanto las opciones estatales como las alternativas privadas y comunitarias, sentando las bases para una reforma que priorice la calidad y la continuidad del servicio sobre la estatización total del modelo.
