El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho en contra del presidente Gustavo Petro, quien es acusado de hostigar y desacreditar a los medios de comunicación mediante sus comentarios públicos en redes sociales. La acción judicial pone en tela de juicio la libertad de expresión y de prensa, principios fundamentales en la democracia colombiana.
La demanda, que se sustenta en publicaciones realizadas por Petro en su cuenta de X (anteriormente Twitter), sostiene que el mandatario ha utilizado su poder para atacar y estigmatizar a diversos medios, afectando la autonomía del periodismo en el país. En particular, se citan comentarios como “Miren este medio tratando de dividir la fuerza pública del Gobierno” y “Medios de comunicación tradicionales, manipulación y juventudes”, los cuales, según la Fundación, constituyen un intento de intimidación hacia los periodistas y sus medios de comunicación.
La demanda expone que la conducta del presidente amenaza los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la libertad de expresión y de prensa, así como la prestación eficiente del servicio público de comunicación. Por ello, la Fundación solicita que se notifique al presidente para que se abstenga de emitir comentarios que desacrediten o intimiden a los medios. Además, exige que Petro ofrezca disculpas públicas por sus declaraciones, tanto en un comunicado oficial en la página web de la Presidencia como en una alocución presidencial en horario prime time.
En busca de garantizar la independencia del periodismo, la Fundación propone medidas adicionales, como la creación de un precedente que impida cualquier intento de censura por parte del presidente. Esto incluye la prohibición de presionar medios para retirar pautas publicitarias y la creación de un comité que monitoree continuamente las denuncias sobre violaciones a la libertad de prensa.
También se hace un llamado al Gobierno para que asuma un compromiso más firme en la protección de los periodistas en riesgo, solicitando la conformación de una mesa interinstitucional con organismos como la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía.
Este caso, que ya está siendo seguido de cerca por organismos de derechos humanos y asociaciones de periodistas, podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en relación con la crítica a los medios de comunicación. La decisión final del tribunal podría reforzar las garantías para un periodismo libre e independiente en Colombia, garantizando que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.