La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación preliminar contra la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, tras una denuncia que la vincula con la supuesta interferencia en el operativo de captura de Juan Pablo Taborda Zamora, alias ‘Yordi’, uno de los presuntos cabecillas de la banda criminal La Terraza en Medellín. La denuncia, liderada por el activista Diego Caro y fundamentada en declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, acusa a la congresista de obstrucción a la función pública y tráfico de influencias, al presuntamente comunicarse con mandos de la Policía para impedir la detención del señalado criminal, aduciendo que esto pondría en riesgo el proceso de paz urbana en la cárcel de Itagüí.
Según el alcalde Gutiérrez, en mayo pasado diversas personas vinculadas a la Mesa de Paz —entre ellas la senadora Zuleta— habrían instado a altos mandos de la Fuerza Pública a dilatar la captura de alias ‘Yordi’, bajo el argumento de que podía “acabar con el proceso de paz y la Mesa de Itagüí”. Posteriormente, aunque el operativo se llevó a cabo el 9 de junio, el detenido fue dejado en libertad por falta de pruebas, lo que avivó las sospechas sobre una posible injerencia política en el curso de la justicia.
La denuncia reclama que la senadora habría utilizado su investidura para “dificultar la actuación de los agentes estatales”, constituyendo una forma de instigación para obstruir la función pública regulada por la ley. Aunque Zuleta ha declarado que solo actuó como enlace de la Mesa de Paz y ha negado haber solicitado directamente frenar capturas, no ha desmentido de forma categórica la solicitud dirigida a los operativos. Asimismo, ha afirmado que la acusación constituye un “castigo por demostrar que es posible y necesaria la Paz Urbana”.
La acción legal ya fue admitida por la Corte Suprema y se encuentra en proceso de asignación a un magistrado. El tribunal deberá ahora evaluar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una investigación formal. De confirmarse la acusación, Zuleta podría enfrentar cargos por obstrucción de la función pública y tráfico de influencias, con posibles sanciones penales y disciplinarias.
