La preocupación por la crisis energética en el país aumenta tras las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien alertó sobre los riesgos de apagones generalizados debido a las millonarias deudas que el Gobierno Nacional tiene con las empresas proveedoras de energía.
En una entrevista con BLU Radio, Gutiérrez destacó el caso de Puerto Carreño, capital del Vichada, donde un reciente apagón expuso la gravedad de la situación. «Lo de Puerto Carreño es la punta del iceberg del problema tan grave que está generando el gobierno al no pagar los subsidios de energía en todo el territorio nacional a los estratos 1, 2 y 3», afirmó el mandatario local.
Según Gutiérrez, el incumplimiento en los pagos de los subsidios, una obligación legal del Gobierno Nacional, podría replicar esta crisis en otras regiones del país, afectando a millones de colombianos.
El alcalde detalló cifras alarmantes relacionadas con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales, que son solo una muestra del impacto de la deuda nacional. Según Gutiérrez, el Gobierno adeuda 2,1 billones de pesos a EPM por subsidios de energía, distribuidos así:
- EPM: 197.000 millones de pesos.
- CHEC (Eje Cafetero): 44.000 millones de pesos.
- CENS: 130.000 millones de pesos.
- EQ: 12.000 millones de pesos.
- ESA: 106.000 millones de pesos.
- Afinia: 608.000 millones de pesos.
Además, al sumar los atrasos por la opción tarifaria, la deuda total del Gobierno Petro con EPM asciende a 4,4 billones de pesos.
Gutiérrez advirtió que si estas deudas no son saldadas rápidamente, las empresas de energía enfrentan la quiebra, lo que imposibilitaría el suministro eléctrico y pondría al país al borde de un apagón masivo. «El Ministerio de Minas ya notificó al de Hacienda sobre la necesidad de realizar los giros, pero los recursos aún no se han enviado», señaló.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha respondido a las declaraciones del alcalde de Medellín, quien insta a que se tomen medidas urgentes para evitar que la crisis energética se agrave. La situación pone en evidencia un problema estructural que amenaza la estabilidad del sistema eléctrico colombiano y la calidad de vida de millones de ciudadanos.
