Por: Aldrin García Balvin – Director Totus Noticias
Si Pedro Pablo León Jaramillo, protagonista de la serie El Capo, estuviera viendo las noticias de hoy, seguramente alzaría una copa en honor a Gustavo Petro. Y no precisamente de whisky. El presidente, en su consejo de ministros transmitido en vivo, afirmó que «la cocaína no es más mala que el whisky». Una frase que parece más un guion de ficción que una declaración presidencial. Pero no, esto no es una serie de televisión, es la realidad política de Colombia en 2025.
En la tercera temporada de El Capo, el protagonista lanza el programa OPAC (Organización de Productores y Amigos de la Cocaína), una estrategia para distribuir gratuitamente la droga en las principales ciudades del mundo y, de paso, desmantelar el negocio ilícito. En la lógica de la serie, la legalización total del narcótico es la única vía para acabar con el poder de los carteles y la violencia asociada al tráfico de drogas. La diferencia es que Pedro Pablo lo hacía desde la clandestinidad de su imperio criminal, mientras que Petro lo hace desde la Casa de Nariño con la banda presidencial al pecho.
Comparar la cocaína con el whisky es una simplificación peligrosa. Si bien es cierto que el consumo excesivo de alcohol tiene consecuencias graves para la salud, su regulación permite cierto control sobre su producción y comercialización. La cocaína, en cambio, es el combustible de una maquinaria de muerte que ha devastado regiones enteras de Colombia. Es la raíz de la violencia que ha desangrado al país durante décadas, el origen de desplazamientos, asesinatos y corrupción. No es solo un polvo blanco; es un motor de guerra.
Petro, al igual que El Capo, propone un replanteamiento de la política de drogas. Y no se puede negar que la guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso rotundo. La ilegalidad ha hecho que los carteles sean más poderosos, que los campesinos sean explotados y que el consumo en países desarrollados siga en aumento sin control real. Sin embargo, lanzar afirmaciones como la del presidente sin un plan estructurado y realista solo alimenta la polémica sin aportar soluciones concretas. Legalizar las drogas no es un pase de magia que desaparece la violencia ni convierte a Colombia en una potencia económica.
La comparación entre cocaína y whisky también llega en un momento crítico para las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, principal consumidor de la droga y, al mismo tiempo, socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico. Con Washington endureciendo su postura frente a la crisis del fentanilo y las drogas sintéticas, declaraciones como la de Petro podrían ser el pretexto perfecto para revisar los acuerdos bilaterales e incluso aplicar sanciones económicas. No sería la primera vez que un discurso disruptivo termina costándole caro al país en términos de cooperación internacional.
La idea de una regulación de drogas no es descabellada y ha sido estudiada en diversos países. La clave está en cómo se hace. Una estrategia seria implica fuertes controles estatales, programas de educación y prevención, apoyo a quienes sufren adicciones y una estructura económica capaz de absorber a quienes dependen de los cultivos ilícitos para sobrevivir. Pero eso no se logra con frases provocadoras ni con comparaciones simplistas. Se logra con políticas responsables y bien diseñadas.
Al final, la gran pregunta es: ¿estamos viendo un intento de reforma o simplemente una escena más del drama político colombiano? Porque si se trata de un nuevo capítulo de El Capo, Petro no está interpretando al presidente, sino a El Capo que, desde la ficción, nos quiso vender la idea de que la legalización era la única salida. Y si algo nos enseñó la serie, es que cuando el Estado no está preparado, hasta los sueños de legalización pueden terminar convertidos en una pesadilla.
