El representante a la Cámara electo Daniel Briceño presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y otros funcionarios, por el presunto uso de recursos públicos en un evento político del Pacto Histórico realizado en Bogotá.
La denuncia se centra en el llamado “Pacto Histórico Fest”, un concierto político llevado a cabo el 27 de febrero en la Plaza de Bolívar, que contó con la participación del candidato presidencial Iván Cepeda. Según Briceño, la infraestructura logística utilizada en ese evento, como tarima, luces y sonido, habría sido financiada previamente con recursos del Ministerio de Salud para un acto institucional realizado un día antes en el mismo lugar.
De acuerdo con los documentos citados en la queja, el contrato suscrito por la cartera de salud incluiría la provisión de servicios logísticos por dos días, lo que, según el denunciante, permitiría inferir que dichos recursos públicos pudieron ser utilizados también en el evento de carácter político. El valor del contrato señalado supera los 1.036 millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la destinación de estos fondos.
La controversia surge debido a que, tras el evento institucional del Ministerio de Salud —en el que incluso se dispusieron ambulancias y personal del sector—, al día siguiente se realizó el acto del Pacto Histórico utilizando aparentemente la misma infraestructura. Este hecho ha levantado sospechas sobre un posible uso indebido de bienes y servicios financiados con recursos públicos en actividades proselitistas.
Desde sectores del Pacto Histórico se ha respondido que, aunque el proveedor de ambos eventos fue el mismo, se trataría de contratos diferentes con facturación independiente. Sin embargo, la coincidencia en los elementos logísticos y su uso en un corto intervalo de tiempo ha intensificado el debate político y jurídico en torno al caso.
El denunciante solicitó a la Procuraduría adelantar una investigación para determinar si se vulneraron normas como la prohibición de utilizar recursos públicos en campañas políticas o la ley de garantías electorales. El Ministerio Público, por su parte, indicó que la queja será evaluada dentro del debido proceso para establecer posibles responsabilidades disciplinarias.
