La región del Catatumbo enfrenta una de sus peores crisis humanitarias, con más de 32.000 personas desplazadas tras seis días de intensos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Calarcá’, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta situación ha dejado a comunidades enteras en riesgo, agravando el panorama de violencia y desplazamiento en el noreste del país.
Según datos de la defensora del Pueblo, Iris Marín, las personas desplazadas se distribuyen entre varios municipios, siendo Cúcuta la ciudad que más alberga, con 15.000 desplazados, seguida de Ocaña con 11.000 y Tibú con 5.300. Comunidades más pequeñas también han reportado miles de afectados. Además del desplazamiento masivo, el confinamiento es una realidad en zonas donde la población enfrenta riesgos extremos debido a los enfrentamientos.
El conflicto no solo afecta a los civiles, sino también a los firmantes del Acuerdo de Paz. Durante los últimos días se han confirmado cinco homicidios, además de desapariciones forzadas y secuestros. Las comunidades indígenas Yucpa y Barí también están en situación de alto riesgo de desplazamiento.
En medio de la crisis, algunos avances en ayuda humanitaria han comenzado a tomar forma. La Defensoría del Pueblo organizó 15 camiones con suministros, los cuales lograron llegar a Tibú gracias a un comité de justicia transicional extraordinario. Además, tres misiones humanitarias facilitaron la liberación de personas secuestradas:
- Una misión liderada por el obispo de Tibú permitió la liberación del exalcalde de San Cayetano.
- Otra misión rescató a 11 personas, incluidos menores de edad.
- Finalmente, una acción conjunta entre la Defensoría y autoridades locales permitió liberar a 20 secuestrados desde el 16 de enero.
La operación también ha permitido la recuperación de 35 cuerpos para análisis forenses. De estos, dos permanecen sin identificar, mientras que los demás están en proceso de ser entregados a sus familias. Este avance es crucial para brindar cierre a los allegados de las víctimas y hacer frente a la crisis de violencia que golpea a la región.
La gravedad de la situación demanda acciones inmediatas tanto del gobierno como de la comunidad internacional para atender las necesidades de las miles de familias desplazadas y proteger a las comunidades en riesgo. Mientras tanto, el Catatumbo sigue siendo escenario de una crisis humanitaria sin precedentes, con miles de vidas en juego.