La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pieza fundamental del sistema de justicia transicional en Colombia, atraviesa una crisis financiera tras la suspensión de fondos de cooperación internacional por parte de Estados Unidos. El magistrado y presidente de la entidad, Alejandro Ramelli, advirtió que sin estos recursos será imposible continuar con las investigaciones contra exintegrantes de las Farc-EP, lo que compromete el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Desde su creación en 2017 como parte del Acuerdo de Paz, la JEP ha dependido del apoyo financiero de la comunidad internacional. Según Ramelli, una porción significativa de los recursos para investigaciones en terreno y casos de víctimas de comunidades indígenas y afrodescendientes provienen de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
“Recibimos aproximadamente 15.000 millones de pesos anuales de Usaid. Con estos fondos hemos logrado avances en macrocasos sobre crímenes de lesa humanidad. Sin ellos, el trabajo de la JEP se verá seriamente afectado”, afirmó el magistrado.
A pesar de la incertidumbre, Ramelli expresó su esperanza en que la suspensión sea temporal y agradeció al presidente Gustavo Petro por su intención de suplir el déficit con recursos nacionales. No obstante, alertó que sin cooperación internacional, la capacidad operativa de la JEP podría verse gravemente limitada.
Estados Unidos ha sido un socio clave en la implementación del Acuerdo de Paz, destinando aproximadamente 1.880 millones de dólares anuales a programas en Colombia. La suspensión de estos fondos afecta no solo a la JEP, sino también a múltiples iniciativas de desarrollo social, derechos humanos y seguridad en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
El diario El Colombiano informó que en solo tres meses de suspensión, varias organizaciones han visto comprometidos sus programas, aumentando la incertidumbre en zonas donde la presencia del Estado sigue siendo frágil.
La falta de financiamiento internacional pone a prueba el compromiso del Gobierno colombiano con la justicia transicional. Aunque el presidente Petro ha manifestado su intención de asumir el financiamiento, la sostenibilidad de esta medida dependerá de las prioridades presupuestarias y del respaldo del Congreso.