Por: Aldrin García Balvin – Director de Totus Noticias
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez avanza, pero con cada audiencia se siembra una nueva duda sobre la solidez de la acusación. Hasta el momento, la teoría de la Fiscalía se muestra frágil y las pruebas presentadas no comprometen de manera contundente la responsabilidad del exmandatario. Más bien, parecen reforzar la tesis de la defensa, que argumenta que este proceso es más político que judicial.
Uno de los aspectos que más inquieta es la credibilidad de los testigos. Iván Cepeda, uno de los principales protagonistas de este caso, ha admitido que ofreció beneficios al testigo Juan Guillermo Monsalve, lo que inevitablemente pone en tela de juicio la imparcialidad de su testimonio. Monsalve, por su parte, ha reconocido que nunca ha conocido personalmente a Álvaro Uribe, lo que genera una gran contradicción respecto a sus acusaciones previas. ¿Cómo puede alguien acusar a otro sin siquiera haber tenido contacto directo con él?
Monsalve, quien se perfilaba como testigo estrella, ha generado más sombras que luces en el caso. En un momento crucial del juicio, se rehusó a declarar argumentando supuestas agresiones que, según la propia ministra de Justicia, nunca ocurrieron. Cuando finalmente habló, su versión careció de la contundencia esperada, y más aún cuando se conoció que su pareja habría incurrido en irregularidades al facilitarle dispositivos de grabación de forma indebida, lo que pone en entredicho la legalidad de las pruebas obtenidas.
El expresidente Uribe también ha puesto sobre la mesa inconsistencias en las declaraciones de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, quien según él ha caído en contradicciones que evidencian las debilidades de la acusación. Uribe ha insistido en que el caso en su contra ha sido construido sobre relatos endebles y testimonios que han cambiado con el tiempo, lo que refuerza su presunción de inocencia.
Este proceso no solo pone a prueba al expresidente Uribe, sino también la confianza de los colombianos en su sistema judicial. No se trata solo de determinar su culpabilidad o inocencia, sino de asegurar que la justicia actúe con transparencia, sin sesgos ni intereses políticos. En este caso, lo que se ha presentado hasta ahora deja más preguntas que respuestas. ¿Se está juzgando a Uribe con pruebas débiles y testigos poco creíbles? ¿Estamos ante un proceso que busca más un desenlace político que una verdadera administración de justicia?
El país merece una justicia seria, basada en pruebas irrefutables y testimonios sólidos. Si el caso contra el expresidente se sustenta en inconsistencias, en beneficios otorgados a testigos y en pruebas obtenidas de manera dudosa, la conclusión será inevitable: un juicio que, lejos de esclarecer la verdad, terminará sembrando más desconfianza en las instituciones y en el Estado de Derecho.
