La Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana hicieron un llamado urgente a proteger la vida de la población civil ante la escalada de violencia registrada en Río Iró, Condoto y Nóvita, municipios del sur del Chocó pertenecientes a la jurisdicción eclesiástica de Istmina-Tadó.
El pronunciamiento advierte que la extensión de las hostilidades hacia sectores poblados y la utilización de artefactos explosivos ponen en grave riesgo a las comunidades, restringen su movilidad y alteran el desarrollo cotidiano de actividades religiosas, educativas, comerciales y familiares.
Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2026 fueron reportadas acciones armadas contra estaciones de Policía y puestos de control en la subregión del San Juan. Según la Defensoría del Pueblo, los ataques fueron ejecutados mediante drones y afectaron los municipios de Condoto, Nóvita y Río Iró.
En Condoto, una acción contra la estación de Policía y un puesto de control dejó herido a un integrante de la institución. Un día después, la estación de Nóvita fue atacada con ráfagas de fusil y granadas lanzadas desde drones. Posteriormente se conocieron nuevos reportes sobre ataques contra la estación policial de Río Iró.
La Conferencia Episcopal y Cáritas recordaron que la dignidad humana debe ser respetada incluso en medio de la confrontación armada. Por esta razón, señalaron que ningún interés político, militar o estratégico puede justificar acciones que expongan a los habitantes o desconozcan sus derechos fundamentales.
El comunicado fue firmado por monseñor Germán Medina Acosta, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, y el padre Diego Meza Gavilanes, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana.
Las organizaciones católicas solicitaron a todos los actores armados respetar estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. También pidieron abstenerse de realizar acciones que puedan afectar a la población civil o destruir bienes indispensables para su supervivencia.
El llamado también fue dirigido al Estado colombiano, al que solicitaron fortalecer las medidas de protección y garantizar los derechos de las comunidades que enfrentan confinamientos, desplazamientos o restricciones para movilizarse dentro del territorio.
La Iglesia advirtió, además, que la misión médica, las organizaciones humanitarias y los equipos eclesiales deben contar con condiciones seguras para ingresar a las zonas afectadas. La atención sanitaria, alimentaria, psicosocial y de protección no puede ser obstaculizada ni utilizada como instrumento dentro de la confrontación.
Desde las parroquias, la Diócesis de Istmina-Tadó y los equipos de Pastoral Social se mantiene el acompañamiento a las comunidades. La situación resulta especialmente preocupante porque varias de estas poblaciones también fueron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y continúan enfrentando daños en sus viviendas y necesidades relacionadas con la recuperación.
“La vida humana debe estar siempre por encima de las armas”, concluyeron la Conferencia Episcopal y Cáritas Colombiana. Ambas instituciones insistieron en detener las acciones que amenazan a los habitantes y en abrir caminos de diálogo que permitan superar la violencia en el sur del Chocó.
