El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos contenidos en el denominado “Libro de la Verdad”, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, y aseguró que los casos expuestos corresponden principalmente a decisiones de política pública y no a hechos de corrupción.
A través de su cuenta en X, Petro cuestionó que el documento pueda ser considerado una auditoría forense. Según el exmandatario, los 23 puntos relacionados directamente con posibles irregularidades incluyen políticas impulsadas y defendidas durante su administración.
“No son denuncias de hechos de corrupción sino de políticas públicas como la reforma agraria”, afirmó Petro. También calificó los señalamientos como “estúpidos” y sostuvo que varias de las actuaciones cuestionadas no constituyen delitos.
Pese a su rechazo, el exjefe de Estado pidió a quienes integraron su gabinete responder individualmente por los casos mencionados. Agregó que, si las autoridades comprueban la existencia de algún delito, deberán aplicarse las sanciones correspondientes.
El “Libro de la Verdad” es un informe de 135 páginas elaborado durante el proceso de empalme presidencial. El documento reúne 82 casos relacionados con presuntas irregularidades, deficiencias administrativas, riesgos fiscales y problemas de gestión identificados en más de 20 sectores del Estado.
El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo entregaron el informe a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que estas entidades evalúen los hallazgos y determinen si existe mérito para iniciar investigaciones.
Aunque el Gobierno presentó el documento como parte de su estrategia anticorrupción, análisis de su contenido indican que solamente 23 de los 82 casos aluden a posibles conductas corruptas. Los demás corresponden a cuestionamientos sobre políticas públicas, contratación estatal, ejecución presupuestal, funcionamiento institucional y decisiones administrativas.
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero también cuestionó el informe y aseguró que busca justificar cambios en programas como la reforma agraria y los equipos básicos de salud. La controversia deberá trasladarse ahora a los órganos de control, encargados de establecer cuáles señalamientos tienen sustento jurídico y cuáles reflejan diferencias políticas entre los dos gobiernos.
