El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo presentaron el denominado “Libro de la Verdad”, un informe de 135 páginas que reúne 82 casos relacionados con presuntas irregularidades, deficiencias administrativas y riesgos identificados durante el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro.
El documento fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que estas entidades examinen los hallazgos y determinen si existen responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales. La presentación se realizó en la Universidad Externado de Colombia, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.
El Gobierno aseguró que el informe fue elaborado con información recopilada por los equipos sectoriales, el Equipo Élite Anticorrupción, los ministerios y el Comité Nacional del Empalme Anticorrupción. Entre las fuentes citadas aparecen informes de organismos de control, decisiones judiciales y documentación interna de entidades estatales.
Los 82 casos fueron agrupados en nueve categorías: pérdida del rigor técnico, deterioro de capacidades tecnológicas, opacidad informativa, parálisis operativa, concentración contractual, aumento del riesgo litigioso, pérdida de control territorial, fragmentación institucional y restricciones fiscales.
Entre los asuntos señalados figuran cuestionamientos sobre contratos del Fondo de Energías Renovables, presuntas irregularidades en la asignación de notarías, una elevada dependencia de contratos de prestación de servicios y posibles problemas de financiación en programas sociales como Colombia Mayor.
Aunque el Ejecutivo presentó el informe como resultado de su revisión sobre el Estado recibido, no todos los casos corresponden necesariamente a hechos de corrupción. Análisis iniciales del documento indican que 23 de los 82 señalamientos contienen referencias a posibles conductas corruptas, mientras los demás se relacionan principalmente con decisiones de política pública, problemas de gestión o debilidades institucionales.
El expresidente Petro y sectores de oposición rechazaron los señalamientos y sostuvieron que el documento tiene motivaciones políticas. También cuestionaron que diferencias administrativas o desacuerdos sobre políticas gubernamentales sean presentados como posibles irregularidades.
La entrega del “Libro de la Verdad” no constituye una declaración de culpabilidad contra exfuncionarios. Corresponderá a los organismos competentes verificar las evidencias, establecer si procede abrir investigaciones formales y garantizar el derecho de defensa de las personas eventualmente vinculadas.
