El partido Centro Democrático presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de eliminar la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, proponiendo un cambio en la estrategia de seguridad y el fin de beneficios otorgados a grupos armados ilegales.
La iniciativa busca derogar el marco normativo que permite al Ejecutivo negociar con organizaciones criminales y guerrillas, así como suspender órdenes de captura y otorgar beneficios judiciales en el marco de diálogos. Según los promotores del proyecto, estas medidas han debilitado la acción del Estado frente a estructuras ilegales.
De acuerdo con los argumentos expuestos por miembros de la colectividad, la política de paz total ha generado efectos negativos en materia de seguridad, al permitir que grupos armados mantengan operaciones mientras participan en procesos de negociación. En ese sentido, consideran que el modelo actual ha favorecido a organizaciones criminales en lugar de garantizar la protección de la ciudadanía.
El proyecto también plantea que las negociaciones con actores ilegales deben limitarse a esquemas estrictos de sometimiento a la justicia, sin beneficios amplios ni reconocimiento político. Esta postura contrasta con el enfoque del Gobierno, que ha promovido diálogos simultáneos con distintos grupos como parte de una estrategia integral para reducir la violencia en el país.
La política de paz total, implementada desde 2022, ha buscado abrir canales de negociación con guerrillas y organizaciones criminales, combinando herramientas jurídicas y sociales para desescalar el conflicto armado. Sin embargo, su desarrollo ha estado marcado por críticas desde sectores de oposición que cuestionan su efectividad y sus implicaciones en seguridad.
El debate sobre esta propuesta se da en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026, donde la seguridad y el manejo del conflicto armado se perfilan como temas centrales de discusión. La iniciativa del Centro Democrático anticipa un nuevo escenario legislativo en el que se confrontarán dos visiones distintas sobre cómo enfrentar la violencia en Colombia.
Mientras el Gobierno defiende la continuidad de los diálogos como vía para alcanzar acuerdos de paz, sectores de oposición insisten en replantear la estrategia hacia un enfoque más restrictivo, centrado en la acción judicial y militar contra las organizaciones ilegales. El futuro de esta política dependerá del trámite legislativo y de las mayorías que se configuren en el Congreso.
