El alcalde de Medellín y líder político Federico Gutiérrez cuestionó el levantamiento de órdenes de captura contra cabecillas de grupos armados ilegales, al advertir que esta medida podría facilitar su participación en escenarios políticos y de campaña.
Según sus declaraciones, la suspensión de estas órdenes —aplicada en el marco de la política de “paz total” del Gobierno— permitiría que algunos líderes de estructuras criminales tengan movilidad y visibilidad pública, lo que, a su juicio, abre la puerta a que “puedan hacer campaña” sin enfrentar acciones judiciales inmediatas.
El señalamiento surge en medio del debate nacional sobre las implicaciones de suspender medidas judiciales para facilitar diálogos con grupos armados. Este mecanismo ha sido utilizado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para permitir la participación de voceros en procesos de negociación, bajo el argumento de avanzar en acuerdos de paz.
En ese contexto, diferentes sectores han advertido que dichas decisiones pueden generar riesgos en materia de seguridad y legalidad. Las órdenes de captura suspendidas implican que los cabecillas no están siendo perseguidos temporalmente, lo que les permite desplazarse mientras continúan los acercamientos con el Estado.
El propio Gobierno ha defendido esta estrategia como una herramienta necesaria para abrir canales de diálogo y reducir la violencia. Normativamente, estas suspensiones se sustentan en decretos que habilitan la participación de representantes de grupos armados en negociaciones, incluso con posibilidad de movilidad nacional e internacional durante el proceso .
Sin embargo, las críticas han aumentado en medio del contexto electoral. Para Gutiérrez, la medida no solo tiene implicaciones en seguridad, sino también en el escenario político, al considerar que podría desdibujar los límites entre procesos de paz y participación en actividades públicas con impacto electoral.
El debate se intensifica además por casos recientes en los que autoridades han discutido la posibilidad de reactivar órdenes de captura contra cabecillas que continúan delinquiendo, lo que evidencia tensiones dentro del propio Estado frente a la implementación de la política de paz .
Este episodio se suma a la discusión nacional sobre el equilibrio entre negociación y justicia, en un momento clave para el país, marcado por la cercanía de procesos electorales y el desarrollo de múltiples mesas de diálogo con estructuras armadas ilegales.
