La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) designó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como “objetivo prioritario”, mientras fiscales federales en Nueva York avanzan en investigaciones preliminares sobre supuestos vínculos del mandatario y personas de su entorno con redes del narcotráfico, según reportes publicados este 20 de marzo de 2026 por Associated Press y replicados por varios medios internacionales.
De acuerdo con AP, las indagaciones están siendo desarrolladas por fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, que revisan denuncias sobre presuntas reuniones de Petro con narcotraficantes, posibles aportes ilícitos a su campaña presidencial de 2022 y supuestos favores ofrecidos a cambio de beneficios judiciales, entre ellos la no extradición de capos recluidos en Colombia. La agencia señaló que los expedientes aún se encuentran en una etapa temprana y que, hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra el jefe de Estado colombiano.
Entre los elementos bajo revisión figuran versiones sobre contactos de emisarios políticos en la cárcel La Picota, denuncias de eventuales pagos irregulares para frenar extradiciones y sospechas sobre el uso de estructuras oficiales o empresariales para mover recursos fuera del país. También aparecen mencionados familiares y colaboradores cercanos del mandatario, en un contexto en el que investigaciones previas ya habían salpicado a integrantes de su círculo político y familiar.
La noticia añade presión a la relación bilateral entre Bogotá y Washington en un momento delicado. La publicación de Reuters, basada en un reporte de The New York Times, confirmó que al menos dos oficinas de fiscales federales en Estados Unidos examinan posibles nexos entre Petro, presuntos traficantes y financiación irregular de campaña. Ese informe coincide en que la pesquisa no ha derivado por ahora en acusaciones penales y que las autoridades estadounidenses no han hecho un pronunciamiento oficial detallado sobre el fondo del caso.
Tras conocerse la información, Petro rechazó públicamente las acusaciones. Según declaraciones recogidas por medios este mismo 20 de marzo, el mandatario aseguró que nunca ha hablado con un narcotraficante y negó que sus campañas hayan recibido dinero de estructuras criminales. La embajada de Colombia en Washington, citada en esas mismas coberturas, afirmó no haber recibido notificación oficial sobre procesos judiciales contra el presidente y calificó los señalamientos como carentes de sustento legal comprobado hasta ahora.
El caso emerge además en la recta final del mandato presidencial y en medio del calendario político colombiano, lo que eleva su impacto institucional y electoral. Las revelaciones reactivan controversias anteriores sobre presunta financiación irregular de la campaña de 2022, entre ellas las investigaciones abiertas contra Nicolás Petro, hijo del presidente, y episodios ya conocidos como el denominado “Pacto de La Picota”. Aunque esos antecedentes no prueban por sí mismos responsabilidad directa del mandatario, sí han ampliado el foco sobre su entorno político y familiar.
La designación de “objetivo prioritario” por parte de la DEA y la actuación simultánea de fiscales federales marcan un nuevo escalón en el seguimiento que agencias estadounidenses hacen sobre el presidente colombiano. Sin embargo, la información disponible hasta esta hora muestra un escenario de investigación en desarrollo, con acusaciones graves, desmentidos oficiales y sin una imputación formal anunciada contra Petro.
Si quieres, también te lo convierto en una versión todavía más “medio digital” con enfoque de portada, o en una versión más neutra tipo agencia.
