Un giro generó el caso de la mujer capturada durante un evento político de la precandidata presidencial Paloma Valencia en el municipio de Honda, Tolima, luego de que las autoridades confirmaran que, además de portar un arma de fuego, tenía en su poder una sustancia sintética conocida como tusi. El hallazgo incrementó la preocupación por la seguridad en actividades de campaña de cara a las elecciones de 2026.
La captura se produjo cuando el esquema de seguridad detectó una actitud sospechosa de la mujer mientras intentaba acercarse al acto político. Según los reportes oficiales, la detenida aparentaba grabar con su teléfono celular, pero el dispositivo no estaba en funcionamiento, lo que llevó a una verificación preventiva por parte de la Policía Nacional. Durante la requisa, los uniformados encontraron un arma de fuego con munición y dosis de droga sintética.
Las autoridades identificaron posteriormente a la mujer como funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La entidad confirmó que la funcionaria se encontraba en periodo de vacaciones al momento del incidente, por lo que no estaba en ejercicio de sus funciones oficiales. Tras conocerse el hecho, el Inpec anunció la apertura de investigaciones disciplinarias internas y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades judiciales.
De acuerdo con los primeros informes, la detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso para determinar su responsabilidad en los delitos de porte ilegal de armas de fuego y porte de sustancias ilícitas. Las autoridades también buscan establecer las circunstancias en las que ingresó al evento político y si existía algún riesgo directo contra los asistentes o los dirigentes presentes.
Desde el partido Centro Democrático, colectividad a la que pertenece la precandidata Paloma Valencia, se solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las motivaciones de la mujer. El caso se presenta en medio del calendario electoral hacia 2026, en un contexto en el que los equipos de campaña han intensificado sus medidas de seguridad ante posibles amenazas durante actividades públicas.
