La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias “El Costeño” o “Chipi”, por su presunta responsabilidad como principal articulador del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá. La decisión marca un avance clave en el proceso judicial por uno de los crímenes políticos más impactantes del país en los últimos años.
De acuerdo con el ente investigador, Arteaga Hernández habría sido el encargado de coordinar el plan criminal, definir los roles de los implicados y organizar reuniones previas al atentado en distintos puntos de la capital. La Fiscalía sostiene que su presunta participación fue determinante en la planeación y ejecución del ataque armado que terminó con la vida del dirigente político.
Las investigaciones señalan que el acusado habría articulado toda la estructura del atentado, incluyendo la utilización de otras personas para ejecutar el crimen. Según el expediente judicial, el proceso avanzará ahora hacia la etapa de juicio oral, donde se definirá su responsabilidad penal por delitos como homicidio agravado y otros cargos relacionados con la organización del ataque.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, generó un profundo impacto político y social en Colombia. Las autoridades lo catalogaron como magnicidio debido a su condición de senador y precandidato presidencial, lo que elevó la gravedad del caso y activó una investigación de alto nivel para identificar a todos los responsables.
Las autoridades judiciales han señalado que la planeación del crimen habría sido meticulosa y que la red criminal implicada utilizó distintos mecanismos para ejecutar el ataque. El caso ha incluido la captura y procesamiento de varios implicados, mientras la Fiscalía continúa avanzando en el esclarecimiento total de los hechos y en la determinación de posibles responsabilidades adicionales.
Con la acusación formal contra alias “El Costeño”, la Fiscalía busca consolidar el proceso judicial y avanzar hacia una sentencia que permita establecer responsabilidades definitivas por el asesinato del dirigente político, en un caso que sigue teniendo alto impacto en la opinión pública y en el panorama institucional del país.
