El Ministerio del Trabajo de Colombia ordenó el cierre inmediato y provisional de cuatro áreas específicas dentro de la planta de producción de Alpina ubicada en Sopó, Cundinamarca, tras una inspección que identificó condiciones de riesgo crítico para la vida y la integridad de los trabajadores. La medida fue adoptada como una acción preventiva mientras avanzan las investigaciones para verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad industrial.
La decisión fue anunciada el 24 de febrero de 2026 por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, tras una visita que duró cerca de 24 horas. El informe preliminar detectó fugas graves en calderas de vapor, fallas en tanques de lavado que contienen sustancias peligrosas como soda cáustica y ácido nítrico, y sectores con temperaturas extremadamente altas, lo que, según la autoridad laboral, representa un peligro inminente para los empleados.
El cierre provisional de estas áreas operativas hace parte de una medida cautelar de sellamiento para impedir la exposición de trabajadores a situaciones que podrían causar lesiones graves o incluso poner en riesgo la vida. El Ministerio aseguró que las zonas permanecerán selladas hasta que la empresa implemente acciones correctivas que garanticen condiciones seguras de trabajo y cumplan con los estándares establecidos por la ley laboral colombiana.
La inspección se realizó luego de denuncias y quejas laborales que motivaron la actuación de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio del Trabajo, que tiene competencia para evaluar condiciones de seguridad, higiene y salud en los lugares de trabajo. La entidad enfatizó que la medida no es definitiva y puede ajustarse conforme avancen las averiguaciones y Alpina demuestre el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección al trabajador.
Ante esta situación, la empresa emitió un comunicado señalando que durante la inspección los funcionarios ministeriales ingresaron a la planta sin restricciones y realizaron su recorrido con colaboración, aunque planteó observaciones sobre la participación de veedores externos. Alpina indicó que se mantendrá en diálogo con las autoridades para fortalecer sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo.
El cierre parcial ocurre en un contexto de creciente controversia entre el Gobierno nacional y la compañía, que incluye advertencias previas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la obligatoriedad de permitir las inspecciones laborales. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha señalado que ninguna empresa puede negarse al ingreso de inspectores y que las acciones de vigilancia y control son un deber del Estado para proteger los derechos de los trabajadores.
La medida tendrá impacto directo en las operaciones de la planta de Sopó, que es uno de los principales centros de producción de la compañía en el país y emplea a una parte significativa de su fuerza laboral. Las autoridades continuarán evaluando el caso y podrían imponer sanciones adicionales si se comprueba la existencia de violaciones a las normas laborales o de seguridad social en los procesos productivos.
