Una nueva controversia sacude al Ministerio de Salud tras la denuncia pública realizada por el representante a la Cámara y candidato al Senado, Andrés Forero. El congresista alertó sobre un proyecto de resolución con el que la cartera, dirigida por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pretendería ampliar significativamente su planta de personal en plena época preelectoral. Según la denuncia, la modificación contempla la creación de 442 nuevos cargos permanentes, lo que representaría un costo anual para la nación de 59.403 millones de pesos.
El legislador del Centro Democrático calificó la maniobra como «indignante e inmoral», contrastando el millonario gasto administrativo con la grave crisis de desabastecimiento de medicamentos que atraviesa el sistema de salud colombiano. En su pronunciamiento, Forero enfatizó que es inaceptable destinar recursos de tal magnitud a la burocracia estatal mientras, según sus palabras, pacientes fallecen a la espera de tratamientos y fármacos esenciales en medio de una emergencia económica.
Uno de los puntos más críticos del señalamiento tiene que ver con la presunta falta de transparencia en el proceso. El representante aseguró que la reestructuración se ha gestado de espaldas a los trabajadores y sindicatos de la entidad, quienes se vieron obligados a solicitar la apertura de un incidente de desacato. Esta medida legal busca obligar al Ministerio a entregar los estudios técnicos y documentos que justificarían la necesidad de dicho crecimiento en la nómina, información que hasta el momento no habría sido socializada.
El contexto político juega un rol central en la denuncia, dado que la ampliación de la planta se daría en vísperas de las elecciones legislativas. Forero acusó directamente al ministro Jaramillo de utilizar estos nombramientos para hacer «politiquería», sugiriendo que la intención detrás de la creación de estos puestos sería favorecer maquinaria electoral, específicamente vinculada a un candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Tolima, región de influencia política del ministro.
Ante la gravedad de los hechos expuestos, el congresista hizo un llamado urgente a los entes de control fiscal y disciplinario. Forero solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que frenen lo que denominó un «exabrupto» administrativo. La oposición espera que las autoridades verifiquen la legalidad y conveniencia de comprometer vigencias futuras y aumentar el gasto de funcionamiento en un momento de estrechez fiscal y crisis sectorial.
