El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, radicó formalmente una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Jhonatan Ferney Pulido Hernández («Jota Pe»), Miguel Polo Polo y la representante Lina María Garrido. La acción judicial, interpuesta este lunes 5 de enero, acusa a los legisladores de promover conductas que afectarían la soberanía y la integridad territorial de Colombia, en respuesta a su apoyo público a una eventual intervención militar estadounidense en el país.
La controversia se originó tras las declaraciones de los congresistas en redes sociales, donde respaldaron las advertencias del presidente Donald Trump sobre una posible operación militar y la hipotética captura del presidente Gustavo Petro. Según el ministro Sanguino, los senadores y la representante manifestaron su acuerdo con la instalación de bases antinarcóticos extranjeras y sugirieron que el mandatario colombiano debería ser obligado a dejar el poder, posturas que el funcionario calificó como una invitación a la hostilidad extranjera.
En su argumento jurídico, Sanguino señaló que la Constitución es clara respecto al deber de los funcionarios públicos de proteger la nación. Advirtió que las expresiones de los denunciados no pueden considerarse simples opiniones políticas, sino que podrían encuadrarse en tipos penales específicos. La denuncia cita presuntas violaciones a los artículos 455 y 458 del Código Penal, referentes a los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. La representante Lina Garrido anunció una contradenuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro Sanguino por los delitos de injuria y calumnia. En su defensa, Garrido calificó al ministro de «bocón» y aseguró que los verdaderos traidores se encuentran dentro del actual Gobierno, marcando así una escalada en la confrontación judicial y política entre el Ejecutivo y sectores del legislativo.
Hasta el momento de la redacción de este informe, ni el senador Jota Pe Hernández ni el representante Miguel Polo Polo han emitido pronunciamientos oficiales sobre la denuncia penal en su contra. Mientras tanto, el gobierno ha recibido el respaldo de figuras como la vicepresidenta Francia Márquez y el embajador Armando Benedetti, quienes han cerrado filas en torno a la defensa de la soberanía nacional frente a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
